ACTUALIZACIÓN [3:45 pm]
El Pleno del Congreso cambió el resultado de la votación realizada por la mañana y aprobó la inhabilitación por diez años de Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación. La reconsideración presentada por el congresista Jorge Montoya abrió una segunda votación que esta vez alcanzó 71 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones.
La decisión bloquea de manera definitiva el regreso de Espinoza al Ministerio Público y habilita al sistema de justicia para iniciar un proceso penal ordinario en su contra por presuntas infracciones constitucionales y delitos como abuso de autoridad y prevaricato.
El debate se prolongó durante varias horas y generó fuertes cuestionamientos dentro y fuera del Parlamento, ya que la primera votación no había logrado los votos necesarios para retirarla del cargo. Con la reconsideración, el Congreso cerró el caso y ejecutó la sanción política más severa en su contra. Una venganza.
NOTA ORIGINAL [12:11 pm]
El Congreso fracasó este miércoles en su intento de inhabilitar por diez años a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. El Pleno solo reunió 63 votos a favor, lejos de los 66 necesarios. La votación cerró con 16 votos en contra y 6 abstenciones, lo que derrumbó la propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El informe final recomendaba inhabilitar a Espinoza por presuntas infracciones constitucionales y delitos como abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. La mayoría de legisladores que impulsó el informe la acusó de denunciar a once congresistas por el caso de los “dobles sueldos” y de avalar un reglamento interno del Ministerio Público que, según ellos, contradijo la Ley 32130.
Espinoza llegó al Pleno, enfrentó las imputaciones y defendió su actuación. Afirmó que denunció el caso de los dobles sueldos para proteger la Constitución y aseguró que no firmó el reglamento cuestionado. “No negocié mi cargo con ningún grupo político. Llegué sin deberle nada a nadie”, dijo ante los legisladores. También afirmó que enfrenta una “venganza política” y que el proceso contiene errores que vulneran el debido procedimiento.
Bancadas como Juntos por el Perú, Cambio Democrático y parte de Perú Libre rechazaron la propuesta y alertaron sobre un uso político de la acusación. Sólo una parte de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y otros sectores impulsaron la inhabilitación.
El resultado frenó la posibilidad de abrir un proceso penal ordinario contra Espinoza, ya que una inhabilitación levantaba de inmediato su fuero. Sin embargo, Espinoza sigue fuera del cargo por la suspensión que la Junta Nacional de Justicia dictó en septiembre.
Le levantan la inmunidad
El Pleno, sin embargo, puso a votación un pedido para levantarle la inmunidad para que Espinoza sea procesada en el Poder Judicial, por los mismos delitos, por lo que intentaron inhabilitarla: abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.
En consecuencia, la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación.
