El exalcalde de Chilca, Carlos De la Cruz Sullca, y ocho presuntos cómplices deberán esperar 20 meses más para sentarse en el banquillo. El Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo programó el inicio del juicio oral para el 10 de junio de 2027, a las 9:00 a.m., en modalidad virtual, a través de Google Meet. La decisión obedece a la saturación de la agenda judicial, que ya tiene audiencias pactadas hasta mediados de 2027.
La resolución N.º 01-2025, firmada por el juez Guido Reynaldo Arroyo Ames, posterga el proceso que investiga el denominado “Caso Maceteros”. Según la acusación fiscal, la Municipalidad de Chilca habría perdido más de 20 mil soles en la compra de 31 maceteros de fibra de vidrio sobrevalorados.
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción acusa a los nueve procesados de colusión agravada y, en forma alternativa, de negociación incompatible. Entre octubre y diciembre de 2019, habrían modificado el Plan Operativo Institucional para justificar una compra directa y evitar una licitación pública.
Un peritaje contable reveló que el precio real de cada macetero era de S/ 278,60, pero se pagó S/ 940. Además, se falsificaron cotizaciones de otras empresas, solo se entregaron 23 de los 31 maceteros facturados, las plantas no cumplían con las especificaciones técnicas y varios de los maceteros ya están destruidos.
La Fiscalía solicita 12 años de prisión, 15 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, 303 días-multa (equivalentes a S/ 2 348,25) y una reparación civil de S/ 20 503,40 para cada uno de los acusados.
Además de De la Cruz, serán juzgados Adolfo Gonzales Curi (ex jefe de logística), Marisol Acuña Portillo (ex administradora), Miguel Ángel Chamorro Torres (ex asesor), Walter Torre, Augusto Cáceres, Stefanny Orosco, Elmer Quispe y Olga Cipriano. Todos están bajo la medida de comparecencia simple.
El equipo fiscal presentó más de 40 pruebas, entre ellas informes periciales que confirman la sobrevaloración, reportes de la Contraloría General de la República, actas de inspección que muestran el mal estado de los maceteros, cotizaciones y firmas falsificadas, así como declaraciones de empleados y peritos.
La investigación también señala que De la Cruz y Olga Cipriano estaban afiliados al partido Perú Libre, lo que habría facilitado el direccionamiento de la contratación.
