Rafaela Mallma, la proveedora de 68 años de edad, cumplió este lunes 28 días en huelga y encadenada en la puerta de ingreso de la Municipalidad Distrital de El Tambo, en reclamo del pago de S/ 45.000 por servicios de mantenimiento de vehículos que prestó a la comuna y que hasta ahora no recibe.
Visiblemente, su salud se ha deteriorado en este tiempo, pero ella insiste en mantenerse firme. “Si siguen demorando el pago, voy a radicalizar mi medida, me voy a desangrar”, declaró en tono desafiante la mañana de este lunes.
Tal advertencia movilizó al jefe de la Oficina Defensorial de Junín, Mario de la Cruz Díaz, quien acudió al lugar y revisó los documentos que el hijo de Mallma, Juan Carlos Coca, guarda celosamente en un fólder. Allí figuran cotizaciones, hojas de servicio y firmas que demuestran que los trabajos sí se realizaron.
Por ejemplo, la reparación de una camioneta Totoya Hilux EUE-752 N° 03, cuya cotización lleva la fecha de 15 de agosto de 2023, por un monto de S/5 480.00 y la orden de servicio fue emitida casi dos meses después, el 13 de octubre del mismo año, reconociendo el mismo monto, con el servicio ya realizado.
Como este documento, Juan Carlos Coca, guarda otros, como informe situacional de vehículos y maquinarias, firmado por el chofer Henry Mucha Oré, con fecha de recepción en la municipalidad el 8 de febrero de 2024, pero con el servicio realizado un mes antes, e enero.
Así como estos, hay varios, Juan Carlos tiene en su poder valiosos documentos por los servicios prestados por C&M Reparaciones S.R.L., empresa de su familia que prestó servicios de reparaciones de camiones recolectores de basura, camionetas del Serenazgo y otras unidades de la Municipalidad Distrital de El Tambo.
“Acá están las pruebas. ¿Por qué dicen que no hay documentos?”, reclamó Juan Carlos. Tras la verificación de estos documentos, el representante de la Defensoría se reunió con los funcionarios ediles y los exhortó a cumplir con el pago.
De la Cruz explicó que la municipalidad reconoce que los servidores estuvieron validando servicios que luego de realizados recién se emitían las órdenes de pago. Por ello, insistió en que ese desorden administrativo no puede anular el derecho de Mallma a cobrar lo que se le debe. “Hemos pedido que no esperen los plazos formales y que resuelvan este caso de inmediato”, declaró el defensor.
Los funcionarios municipales, por su parte, señalaron que temen responsabilidades administrativas si firman documentos de deudas heredadas, pero se comprometieron a evaluar el expediente a la brevedad.
En tanto, Rafaela Mallma continúa en la puerta de ingreso a la Municipalidad, donde ha instalado una carpa que la protege del frío en las noches, además de un colchón sobre el cual pernocta. “Hasta que me paguen”, dice, resuelta.
