Rafaela Mallma de Coca, de 68 años, no se ha movido de la puerta de la Municipalidad Distrital de El Tambo desde el martes 26 de agosto. Ese día, a las seis de la mañana, llegó con una cadena y se sujetó a la reja principal del edificio y hoy cumple 17 días en huelga, decidida a que la gestión del alcalde Julio César Llallico le pague los S/ 45,000 que asegura le debe desde 2023 por trabajos de reparación de compactadores de basura y camionetas del Serenazgo.
“Me quedaré aquí hasta que me paguen”, repite a todo el que se le acerca. Lo dice con voz cansada, porque el cuerpo ya acusa el paso de los días, pero no ha perdido firmeza. En estos 17 días es un símbolo de resistencia y de denuncia contra la falta de pago a los proveedores de la Municipalidad de El Tambo.
Rafaela guarda en gruesos fólderes los documentos con los que busca demostrar los trabajos de mecánica que su familia realizó para la municipalidad el año pasado. Según denuncia, el monto total ascendió a S/ 92,000, de los cuales la gestión pagó S/ 47,000 y dejó pendiente el saldo. “Contratamos trabajadores, pedimos préstamos al banco, cumplimos con todo, pero ahora nos dicen que no reconocen la deuda”, cuenta su hijo Juan Carlos Coca, que la acompaña cada día en la protesta.
El argumento del municipio es otro: los funcionarios aseguran que no existen órdenes de servicio ni contratos que respalden los S/ 45,000 reclamados. Con esa versión, han intentado deslegitimar la protesta. “No hay documentos, no podemos reconocer lo que no existe”, dicen en resumen.
Rafaela es la segunda proveedora de la municipalidad de El Tambo que se encadena para cobrar una deuda. El primero fue Fredy Coarita, abogado arequipeño que tomó esa acción en julio, por una deuda de casi S/ 800 mil por instrumentos musicales.
Rafaela explica que el dinero que reclama no es un lujo, es una necesidad urgente para pagar deudas bancarias. Su hijo se turna con ella en la puerta del municipio, la ayuda a resistir, a alimentarse con líquidos y a enfrentar los comentarios de quienes la acusan de “hacer show”. “No es show, es nuestro trabajo”, insiste Juan.
Apoyo y solidaridad
La protesta de Rafaela no ha quedado sola. Otros proveedores con deudas se acercan a protestar frente al mismo local. Vecinos de El Tambo la saludan, le llevan agua, le ofrecen palabras de ánimo.
El 3 de septiembre, el abogado arequipeño Fredy Coarita, regresó a Huancayo y se sumó como asesor legal de Rafaela y la familia Coca y este jueves 11, después de semanas de indiferencia, la municipalidad aceptó una salida parcial. Rafaela y otros proveedores firmaron un acta para que ellos mismos inicien la búsqueda de documentos y evidencias que prueben los servicios realizados.
“Es empezar de cero”, dice Coarita. La municipalidad no entregó soluciones inmediatas, pero por primera reconoce la necesidad de revisar los reclamos. Ese fue el acuerdo hasta la mañana de este jueves, pero hasta el cierre de esta nota, los proveedores no eran notificados de la conformidad de las oficinas involucradas.
Entre los proveedores a quienes les debe la Municipalidad Distrital de El Tambo, se encuentran:
- María Salvatierra: le debe S/ 127 mil por mantenimiento de compactadores en 2023, 2024 y 2025,
- Sarita Aquino: le debe S/ 161 mil por la reparación de compactadores de limpieza pública en 2024.
- Alejandro Alfaro: le debe S/ 32 mil por el mantenimiento de camionetas, volquetes y un cargador frontal en los primeros meses de la actual gestión del alcalde Julio César Llallico.
- Madeleine Soriano: le debe S/ 213 mil por servicios de mecánica en patrulleros del Serenazgo, ambulancias del SAMU y compactadores de basura desde 2023.
