En su visita a Huancayo este martes, Javier Bobadilla Vega, coordinador nacional de País para Todos, partido que postula a la presidencia al cómico Carlos Álvarez Loayza, reveló la contradicción de dicha agrupación en la política de derechos humanos que plantea.
El dirigente rechazó la reciente ley de amnistía aprobada por el Congreso para beneficiar a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, entre 1980 al 2000. “Lo que están haciendo es liberar a criminales que son culpables. En otras palabras, disculpen las palabras, eso es orinar sobre la justicia, sobre los muertos, sobre los deudos”, declaró.
Bobadilla añadió que el país necesita justicia para las víctimas y no leyes que “atropellan la memoria de los peruanos”.
Pero plantea salir de la Corte IDH
No obstante, el coordinador nacional de País para Todos respaldó la propuesta de su líder, Carlos Álvarez, de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Argumentó que esta salida permitiría aplicar sanciones más drásticas contra la delincuencia, como la pena de muerte para criminales capturados en flagrancia. “Si los especialistas determinan que esa es la ruta para frenar la ola de crimen, tendremos que hacerlo”, insistió.
El político justificó esa posición señalando que la Corte IDH “se ha convertido en un obstáculo” para medidas punitivas de mayor severidad. “Si no puedes aplicar sanciones drásticas porque la Corte Interamericana te lo prohíbe, entonces no puedes implementar las políticas que el país necesita para enfrentar al terrorismo y la delincuencia”, sostuvo.
Así, la posición contra la amnistía coincide con el criterio de la Corte IDH, que históricamente ha condenado estas leyes y la ha prohibido porque viola el derecho de acceso a la justicia, como en los casos La Cantuta y Barrios Altos. Recientemente, ordenó a los jueces peruanos no aplicar la última Ley de Amnistía promulgada por Dina Boluarte.
Pero el partido busca abandonar ese mismo sistema para aplicar sanciones como la pena de muerte para criminales en flagrancia, medida expresamente prohibida por la Convención Americana que el Perú ratificó.
Revisar y anular leyes pro crimen
Bobadilla también cuestionó las leyes que el Ministerio Público considera lesivas a la persecución del delito y que el Congreso actual aprobó. Afirmó que un eventual gobierno de País para Todos las revisará y, de ser necesario, las derogará con apoyo de su bancada en el Congreso. “Una ley se anula con otra ley. Por eso es importante tener presencia fuerte en el Congreso”, dijo.
El dirigente remarcó que el problema de la inseguridad ciudadana refleja la desestructuración del Estado en su conjunto. “No solo está mal la seguridad, también educación, salud y agricultura. Todo requiere reestructuración. Ese es el reto que tenemos”, señaló.
