La Corte Suprema, con ponencia del juez César San Martín Castro, resolvió el 31 de julio de 2025 revocar la pena de prisión efectiva que pesaba contra el exgobernador regional de Huancavelica, Maciste Alejandro Díaz Abad, condenado por colusión simple en la adquisición irregular de 8,994 laptops por S/ 22 millones, durante su periodo 2011-2014.
Díaz Abad nunca fue capturado y se mantuvo prófugo durante todo el proceso. Con la decisión de la Suprema, la condena de cuatro años será de prisión suspendida por tres años, con reglas de conducta que deberá cumplir en libertad.
El tribunal consideró probado que Díaz, junto a funcionarios de su confianza, modificó las bases de contratación para favorecer a la empresa Connection Trading S.A., representada por Carmen Beatriz Gallardo Mulatillo. La compañía no tenía el stock requerido, pero lo amplió de 1,000 a 11,000 unidades la noche anterior a la orden de compra y ajustó el precio para obtener la buena pro.
También recibieron penas suspendidas de cuatro años los exfuncionarios César Jorge Altamirano Flores, Aarón Benjamín Caro Espinoza, Ciro Soldevilla Huayllani, Eduardo Félix Candiotti Munarriz y la propia Gallardo Mulatillo. Deberán cumplir reglas de conducta como no ausentarse sin autorización judicial, presentarse mensualmente ante el juzgado y pagar la reparación civil de S/ 200,000 en el plazo de un año.
Guido Efraín Quispe Escobar, era funcionario de nivel medio del Gobierno Regional de Huancavelica, específicamente vinculado al área de contrataciones y procesos de adquisición; fue el único procesado al que se le confirmó la pena de seis años de prisión efectiva, además de multa, inhabilitación y el pago solidario de la reparación civil.
La resolución ordena levantar las órdenes de captura contra los sentenciados con penas suspendidas y dispone su publicación en el portal del Poder Judicial.
Elaborado con información de Legis.pe
