Serias deficiencias halló la Contraloría General en el servicio de seguridad y vigilancia que ofrece la empresa Grupo Security Rocer SAC a las sedes y filiales de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa (UNISCJSA), detectando incluso personal sin armamento, con chalecos antibalas sin láminas de seguridad y hasta sin pruebas para el covid-19.
La UNISCJSA contrató a Grupo Security Rocer SAC (RUC N° 20600092490), cuyo representante es Dana Aguirre García, desde el 1 de julio de 2021, para velar por la seguridad de la universidad, pagando por este servicio 634 mil 800 soles por el periodo de un año, con 1 supervisor y 11 agentes por cada turno para los 11 locales universitarios.
Sin embargo, en una inspección realizada por la Contraloría, detallada en el Informe de Visita de Control N° 013-2021, se advirtió que la empresa no cumplió con el contrato al encontrarse personal sin arma de fuego, sin batería de repuesto del equipo de comunicación, sin las pruebas del covid-19 y hasta sin vigilantes de reemplazo.
El pasado 6 de octubre, por ejemplo, se supervisó el local de laboratorios de la escuela profesional de Ingeniería Civil, ubicado en el campamento Chino del distrito de San Ramón, donde se halló al vigilante sin su arma de reglamento. En su defensa, el agente señaló que el supervisor Ronald Liniker Casas Canchumanya, retiró el arma para su mantenimiento. Además, el vigilante portaba un chaleco sin la capa de fibra laminada, lo que lo exponía al peligro.
En otro momento de la supervisión, se detectó que la empresa Grupo Security Rocer SAC tampoco proporcionó al agente de una batería de repuesto a su equipo de comunicación, pese a estar especificado en el contrato.
También se confirmó que la empresa de vigilancia no realizó pruebas serológicas de covid-19 a los 11 agentes de seguridad y vigilancia hallados durante la inspección, pese a que está especificado como responsabilidad de la empresa en el contrato.
Otra observación es que la empresa no presentó el plan de seguridad y vigilancia dentro de los 15 días calendarios posteriores a la suscripción del contrato, pero no se cumplió.
Por todas estas deficiencias, la UNISCJSA debería cobrar una penalidad de 6732 soles a la empresa, pero no se conoce que el presidente de la Comisión Organizadora de la UNISCJSA, Moisés Vásquez Caicedo Ayras, haya cumplido con esta medida, pese a que el documento fue remitido a su despacho el pasado 22 de octubre para las medidas correctivas del caso.