Con 16 votos a favor y 11 en contra, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la ley que concede amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa responsables de violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, el periodo de la violencia política. La norma fue respaldada por parlamentarios de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y Honor y Democracia.
Esta segunda votación ocurrió este martes 9 de julio, luego de que el Pleno lo aprobara en junio con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. La norma beneficia militares y policías a agentes que actualmente enfrentan investigaciones o juicios por delitos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. También contempla una “amnistía humanitaria” para condenados mayores de 70 u 80 años.
Los impulsores de la ley, como el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución, afirman que busca cerrar procesos considerados injustos o prolongados contra efectivos que enfrentaron al terrorismo. “No podemos permitir que quienes defendieron al país sigan siendo perseguidos”, declaró en el debate parlamentario.
Sin embargo, organismos de derechos humanos condenaron la aprobación de esta ley. Amnistía Internacional denunció que es un “un grave retroceso” para el país y vulnera compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano. “Esta norma busca dejar impunes graves violaciones a los derechos humanos. Es incompatible con la Convención Americana y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana”, señaló la organización en un comunicado.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), por su parte, estimó que al menos 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos en trámite quedarán archivados con esta amnistía. Las víctimas y sus familias, que llevan décadas buscando justicia, también expresaron su rechazo a lo que consideran una “ley de impunidad”.
Por esta ley, el Perú podría ser sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya sentenció al Estado en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, en las cuales prohibió amnistiar graves violaciones a los derechos humanos.
En Junín, casos como el de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales de la Universidad Nacional del Centro, desaparecidos de la comunidad de Paccha, entre otros, quedarán impunes.
