Tras la negativa del Congreso para la autorización del viaje a Roma, Dina Boluarte impulsó hace una semana una misa en homenaje al papa Francisco. Señaló que este acto simbolizaba la fe y la reconciliación nacional. En medio de una coyuntura política tensa, desgastada y sin rumbo claro, el Ejecutivo buscó apelar a la religiosidad como expresión de un imaginario colectivo compartido. Sin embargo, aunque Boluarte y sus ministros invoquen la fe, desatienden las urgencias ambientales, sociales y territoriales que golpean al país. La distancia entre el discurso y la acción es aún más visible al contrastarse con el legado del papa Francisco, recientemente fallecido, quien dedicó gran parte de su pontificado a defender la “casa común”. Hoy, el Perú encarna el rostro de un gobierno que no comulga con esa visión integral de justicia social y ambiental.
La encíclica Laudato Si’ (2015) de Francisco representa unos de los documentos más valiosos y significativos de la iglesia en torno al medio ambiente. En este texto de 184 páginas se propone una “ecología integral” que conecta el deterioro ambiental con la pobreza, la exclusión y la injusticia social. Además, se denuncia el modelo tecnocrático, el consumismo desmedido y el extractivismo sin límites. En ese sentido, el papa hace el llamado a una conversión ecológica con transformación profunda en la relación hombre – naturaleza.
Hace dos años se presentó el Laudate Deum, donde Francisco reafirma el primer documento sobre ecología integral, pero, además, critica la inacción de los gobiernos frente a la emergencia climática y les pide que se reconfiguren las acciones basadas en el multilateralismo global para proponer acciones y proteger la casa común.
Políticas ambientales en Perú: una casa común desatendida
Lejos de alinearse con estos principios presentados en el Laudato Si’ y Laudato Deum, el gobierno peruano ha promovido medidas regresivas para la gestión ambiental. Algunos ejemplos de estos retrocesos son:
1. Más deforestación. En 2024 aprobaron cambios a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, abriendo paso a la deforestación. A pesar del fallo del Tribunal constitucional, queda claro que al gobierno no le interesa proteger los bosques.
2. Minería informal e ilegal. Se han incentivado acciones legislativas de ampliación del REINFO, promoviendo la minería informal y existen pocas políticas estatales para atender la minería ilegal que afecta en gran medida a territorios de nuestra Amazonía.
3. Conflictos. La desatención del gobierno también se ve reflejada en el incremento de conflictos socioambientales. Según la Defensoría del Pueblo a diciembre del 2024 se tenían 196 casos registrados, de los cuales 148 se encontraban activos[1].
4. Criminalización e impunidad. En paralelo, persiste una situación alarmante de violencia contra defensores y defensoras ambientales. El Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) informa que entre el 2010 y 2023 se registraron 29 asesinatos de líderes indígenas y ambientalistas en la Amazonía peruana. Además, la criminalización hacia defensores se ha intensificado en los últimos años. Tal es el caso de los 10 defensores ambientales en Apurímac, que tuvieron que esperar más de una década para obtener una sentencia absolutoria y así rehacer sus vidas.
Así también, en lugar de fortalecer los mecanismos de protección ambiental, el gobierno ha entrado a una campaña de aceleración de la “permisología minera”. El propio ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, ha declarado que las demoras afectan la competitividad del país. Además, Castro propone que la evaluación ambiental a proyectos no debería ser mayor a 40 días hábiles, planteando que una simplificación administrativa generaría acelerar las inversiones.
La promoción de prácticas religiosas desde el Estado debe ir acompañada de acciones coherentes que reflejen los principios proclamados. No se puede hablar de reconciliación ni de valores cristianos mientras se criminaliza a quienes defienden la tierra o se permite que los bosques y ríos sigan siendo devastados. La “casa común” necesita ser defendida no solo en discursos, sino con políticas públicas efectivas que garanticen el respeto por la vida, el ambiente y los derechos colectivos. Hoy más que nunca, el Perú requiere un gobierno que no solo celebre misas, sino que también honre la vida en todas sus formas, con coherencia, justicia y verdad. La fe sin obras, es fe muerta.
[1] Reporte de conflictos sociales N° 250. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2025/01/Reporte-Conflictos-Sociales-250-Diciembre-2024.pdf
