La Corte Superior de Justicia de Junín se pronunció en contra de recientes Leyes aprobadas por el Congreso, de las cuales afirmó “debilitan la lucha contra la criminalidad organizada” y benefician a las mafias.
La Sala Plena de la Corte exigió, en consecuencia, una revisión urgente de estas normativas, siete de la cuales deben ser derogadas, y propuso que se realicen reformas para fortalecer el sistema judicial, en lucha contra la criminalidad.
Los magistrados señalan que el dictamen que modifica la extinción de dominio, es un “retroceso en los logros contra el lavado de activos y la corrupción”. Los jueces critican que la propuesta aprobada por el Pleno del Congreso, vacía los alcances de la ley y pone al Perú en riesgo de incumplir la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Además, señalan que la Ley Nro. 32182, que endurece penas por prevaricato, amenaza la independencia judicial al castigar con hasta 12 años de prisión a jueces que liberen detenidos en flagrancia, equiparándolos a criminales.
Por otra parte, la Corte denunció que las leyes recortan plazos en procesos de colaboración eficaz, excluyen a partidos políticos de responsabilidades penales y promueven impunidad para terroristas y exmilitares. “Han fortalecido a las organizaciones criminales y puesto en peligro la primera fase de los procesos penales”, afirman los jueces, en un comunicado hecho público este miércoles.
Dichas normas, añaden, han colapsado la capacidad del sistema judicial para enfrentar la delincuencia. Según datos del Ministerio Público, los delitos de extorsión y sicariato aumentaron un 15% en Junín en 2024, un problema que los jueces vinculan a la falta de coordinación interinstitucional.
En un llamado urgente, la Corte de Justicia de Junín, se sumó al pedido de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, para crear un Sistema Nacional de Flagrancia. Proponen también que Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional y la Defensa Pública operen en un solo local para combatir la inseguridad con mayor eficacia.
Sobre el debate de la pena de muerte para violadores de menores, los jueces de la Sala Plena de Junín, lo consideran un distractor que desvía la atención de problemas como la extorsión y el sicariato, que azotan al país. Expertos consultados, como el criminólogo José Vargas, coinciden en que la falta de políticas integrales agrava la crisis de seguridad, un punto que el pronunciamiento subraya al pedir soluciones basadas en tratados internacionales.
La Corte de Junín concluye exigiéndole al Congreso que derogar las leyes cuestionadas y al Ejecutivo actuar rápido para restaurar la confianza en el sistema judicial. Entre las Leyes del Congreso cuestionadas, se encuentran las Nros. 31989, 31990, 32104, 32107, 32054, 32108 y 32130, las cuales deben ser derogadas.
Aquí el pronunciamiento de la Corte de Junín
PRONUNCIAMIENTO NRO. 01 – 2025
La Sala Plena en mayoría de la Corte Superior de Justicia de Junín, en ejercicio de la facultad de expresamos en defensa de los Derechos Humanos y el Estado Constitucional de Derecho, se pronuncia sobre lo siguiente:
1. El Proyecto de Ley que propone modificar el Decreto Legislativo N° 1373 que regula el proceso de extinción de dominio, debilita la lucha contra la criminalidad organizada, la delincuencia, la corrupción y el lavado de activos; retrocede en los importantes logros conseguidos en beneficio de la sociedad y contra aquellos bienes adquiridos con la forma ilícita; puesto que, el mencionado proyecto pretende vaciar de contenido los alcances de la ley, tanto más, si coloca al Perú en una situación de posible incumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuerpo intergubernamental creado para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo mundial.
2. La Ley Nro. 32182 que modifica el artículo 418 del Código Penal, sobre el delito de prevaricato, en el sentido que se impone entre 8 y 12 años de pena privativa de libertad para el juez o jueza que ordene la libertad de una persona detenida en flagrancia; así como la modificación de la Ley de Carrera Judicial que contemple como falta muy grave, sancionado con la destitución, en el supuesto que los jueces y juezas dispongan la libertad de las personas detenidas en flagrancia; todo lo cual, los obliga a dictar la medida de prisión preventiva, pues, de lo contrario se le impondrá penas equivalentes a las que corresponden a los integrantes de una organización criminal, lo que constituye una clara amenaza a la Independencia Judicial al criminalizar la conducta del magistrado, afectando además el Principio de Separación de Poderes.
3. Las Leyes Nro. 31989, 31990, 32104, 32107, 32054, 32108 y 32130, que recortan los plazos en los procesos de colaboración eficaz, impide la incautación de material usado en la minería ilegal, excluye a los partidos políticos de toda responsabilidad penal, promueve impunidad para terroristas y ex militares, modifica el concepto y tipificación de organización criminal, obligan que los allanamientos se realicen con presencia del abogado del allanado y la puesta en peligro de la primera fase del proceso penal, todas estas leyes han debilitado al Sistema de Justicia en la lucha contra la criminalidad organizada; y han fortalecido a las organizaciones criminales y a la delincuencia. Lo que amerita una exhaustiva revisión derogación de las leyes promulgadas por parte del congreso.
4. El debate sobre la pena de muerte para casos de violación de menores, se viene enfocando en una política de populismo jurídico, desviando la atención sobre los problemas de extorsión, sicariato y homicidio, lo que afecta nuestro país; sin formular soluciones eficaces a favor de la seguridad ciudadana, y cuyo debate descuido nuestra legislación nacional, y los tratados internacionales a los que nos encontramos suscritos.
5. Finalmente, nos unimos al pedido de la presidenta del Poder Judicial, sobre la urgencia de la expedición de la ley que regule el Sistema Nacional de Flagrancia, y su financiamiento por parte del Ejecutivo para su pronto funcionamiento, a fin de brindar el marco legal a los operadores de justicia para presupueste su implementación y equipamiento, a fin de combatir la inseguridad ciudadana y la delincuencia, con más eficacia gracias a que la Judicatura, Fiscalía, Policía Nacional del Perú y Defensa Pública, funcionaran coordinadamente en un solo local interinstitucional.
