El informe forense ha confirmado que Blanca Karina Bejarano Príncipe, de 39 años, fue víctima de agresión física antes de ser arrojada desde el puente Centenario, en Huancayo, el lunes 10 de marzo. Esta evidencia refuerza la acusación de feminicidio contra su expareja, Marco Antonio Taipe Chaupis, de 28 años, y descarta cualquier hipótesis de accidente.
Según la necropsia, la víctima presentaba múltiples lesiones en el rostro, el pecho y el hombro, lo que indica que sufrió violencia física antes de la caída. La investigación fiscal ha señalado que estos hallazgos son determinantes para esclarecer lo sucedido y sostener la acusación contra el principal sospechoso.
Blanca había sido víctima de acoso y hostigamiento por parte de Taipe Chaupis en los meses previos al crimen. De acuerdo con testimonios de familiares y amigas, el acusado la seguía constantemente, intentaba contactarla de manera insistente y la esperaba en los alrededores de su vivienda y centro de trabajo.
El día del crimen, Blanca se encontraba con él y un grupo de amigas en una discoteca. Testigos han declarado que el agresor mostró una actitud hostil y posesiva, lo que derivó en un episodio de violencia que culminó en el puente Centenario. Imágenes de una cámara de seguridad registraron parte de los hechos y han sido incorporadas en la investigación.
De acuerdo con las imágenes, el agresor comenzó a insultar y amenazar a la víctima, recriminándole de manera violenta. Minutos antes, en la Plaza de la Constitución, ya la había golpeado tras una discusión por responder una llamada. Luego, la siguió hasta el puente, donde la confrontación se tornó aún más agresiva.
Las autoridades han determinado que el acusado se encontraba en estado de ebriedad en el momento del ataque. Actualmente, cumple siete meses de prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones. La Fiscalía solicitará una pena de hasta 30 años de prisión por feminicidio.
El caso también ha puesto en evidencia deficiencias en el sistema de videovigilancia en la ciudad. Las cámaras de seguridad de la zona, en Huancayo y El Tambo, donde ocurrió el crimen, estaban inoperativas, lo que ha dificultado el acceso a pruebas adicionales. A pesar de ello, los registros obtenidos de negocios, los testimonios de testigos y el informe forense han sido determinantes para reconstruir los hechos.
