La Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Junín recuperó más de 3.6 millones de soles a favor del Estado peruano desde su implementación en julio de 2019 hasta diciembre de 2024, en el marco del Decreto Legislativo 1373, norma fundamental para combatir la corrupción, el lavado de activos, el crimen organizado y los delitos ambientales.
Pero este avance podría verse afectado si el Congreso de la República aprueba en segunda votación el proyecto de Ley 3577-2022-CR, que busca modificar el Decreto 1373.
El proyecto de ley propone cambios significativos, como la necesidad de contar con una sentencia firme y consentida para iniciar procesos de lavado de activos en casos de corrupción, crimen organizado y delitos ambientales. Esto limitaría la autonomía e independencia de las Fiscalías de Extinción de Dominio y Lavado de Activos, dificultando la recuperación de bienes ilícitos.
Además, el proyecto establece un plazo de prescripción de 5 años para la acción de extinción de dominio, contados a partir de la sentencia firme o consentida del delito fuente, lo que podría permitir que los delincuentes y testaferros conserven bienes obtenidos ilegalmente.
Otro aspecto preocupante es que, de aprobarse la modificación, no se podrían investigar bienes ilícitos tras el fallecimiento del investigado, ni despojar las ganancias obtenidas de manera ilícita si el delito prescribe. Esto fomentaría la impunidad y afectaría el desarrollo económico y la inversión en el Perú.
Además, el país incumpliría con las convenciones internacionales contra la corrupción, como las de Mérida y Palermo, y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que podría restringir el flujo de inversiones públicas y privadas y limitar el acceso a préstamos internacionales.
Desde su implementación en 2019, la Ley de extinción de dominio ha permitido recuperar más de 560 millones de soles a nivel nacional, con más de 259 millones recuperados solo en 2024, provenientes de delitos como el tráfico ilícito de drogas, contrabando, minería ilegal y lavado de activos.
La posible modificación del D. L. n.° 1373 representaría un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, afectando no solo la recuperación de activos, sino también la confianza internacional en el Perú como un destino seguro para la inversión.
