Espeluznante. Desde el día en que el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, asumió su cargo (15 de mayo del 2024) han sucedido 736 asesinatos y 9,145 denuncias por extorsión, según informan diversos medios de prensa.
Y de acuerdo a información del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) el año 2,024 sería el de más asesinatos desde el 2017, registrándose hasta el 10 de octubre 1,493 homicidios.
De enero a septiembre del año en curso solo en Lima se cometieron 670 asesinatos, la mayoría de ellos por sicariato, según la misma Policía.
A nivel nacional la situación es apocalíptica, pues entre enero y agosto de este año se registraron 14,200 denuncias por extorsión, superando al mismo periodo del año anterior que reportaron 13,648 casos.
Indudablemente, que uno de los sectores más golpeados por las extorsiones y asesinatos es el transporte.
Por estos y otros hechos es que el paro nacional que se realizará este miércoles 23 será contundente. De eso no hay ninguna duda. Después de casi dos años de los luctuosos sucedidos en diciembre del 2,022, una nueva marejada de protestas comienza a gestarse en el país.
Dos son los principales motivos: El crimen organizado y la insostenible corrupción en las instituciones del Estado. La incapacidad del Estado, principalmente del Poder Ejecutivo y el Legislativo para resolver tales problemas, abonan para ello.
Si bien esta lucha es encabezada por los gremios del transporte, en estos días se ha logrado constituir una Coordinadora Unitaria de Lucha Multiplataforma, que ha logrado incorporar a sindicatos y asociaciones de otros sectores laborales, juntas vecinales, universidades, empresarios de Gamarra, mototaxistas, taxistas, bodegueros, mercados, asentamientos humanos, familiares de las víctimas de las masacres del 2022 y 2023, entre otros.
Alrededor de 230 gremios convocan al paro. No obstante, la gran mayoría de la ciudadanía nacional, harta de tanta inseguridad, están anunciando su apoyo a la medida de fuerza.
Las demandas en lo que se refiere a seguridad ciudadana se resume en los siguiente:
- Incremento y presencia de la Policía en paraderos y rutas del servicio de transporte público.
- Mejorar la seguridad en comercios, universidades, escuelas, viviendas, entre otros establecimientos.
- Mayor severidad en las penas contra sicarios, extorsionadores y secuestradores.
- Derogatoria de la Ley 32108 (Ley Contra el Crimen Organizado)
- Archivamiento del proyecto de ley del terrorismo urbano.
