Este 30 de julio, fecha en la que se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, se alerta sobre una lamentable realidad que afecta a nuestro país. Según el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público, se registran 5400 denuncias por trata de personas, lo que representa un total de 15 denuncias al día. Entre 2018 y 2022, se contabilizaron 29 400 denuncias.
Se estima que del total de víctimas, el 85% son mujeres, el 36.2% son menores de edad y el 72% fueron captadas a través de falsas ofertas de trabajo. De estos casos, el 82% tuvo como finalidad la explotación sexual y laboral, y en el 15.5% de los casos, el tratante era un conocido, cónyuge, familiar y/o tutor de la víctima. Estos datos son proporcionados por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
Medidas contra la trata de personas
Ante el incremento de la criminalidad organizada y el aumento del número de víctimas, incluyendo la población migrante, Ricardo Valdés, director ejecutivo de la organización CHS Alternativo, destaca que, pese a las mejoras normativas y el personal calificado, la falta de presupuesto afecta la eficiencia de las autoridades para enfrentar este delito.
El especialista advierte que se requieren más de 1100 millones de soles para financiar la investigación, persecución, atención a víctimas y prevención de este crimen, según los 42 servicios que abarca la Política Nacional contra la Trata de Personas. Sin embargo, el presupuesto específico asignado por el Estado para este fin es de solo 5 millones de soles.
Rendición de cuentas
Valdés señala que una acción fundamental para combatir este delito es que las autoridades rindan cuentas ante el Pleno del Congreso, como lo establece la Ley n.º 29918, sobre las acciones que están realizando para enfrentar esta problemática y solicitar más recursos. Manifiesta que desde 2018, el Ejecutivo no ha informado sobre su trabajo frente a este crimen.
“Se debe hacer público el balance sobre la trata de personas, cuáles son los compromisos del Estado, las dificultades económicas que atraviesa el trabajo (…) Pero, por el contrario, ahora desde el Congreso se pretende (…) aprobar por insistencia un dictamen que establece que el premier y los ministros del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya no tendrán que acudir ante el Pleno del Congreso para informar sobre sus acciones frente al delito, sino solamente ante dos comisiones del Parlamento.”, enfatiza.
Remarca que esto es un retroceso, así como con otras economías ilícitas, como la minería ilegal y la extorsión. “El Congreso tiene la oportunidad y la obligación de corregir ese error y apoyar la lucha contra el crimen para así proteger a la ciudadanía”, indica.
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