La Contraloría General de la República encontró indicios de presuntas responsabilidades civiles, penales y administrativas que involucran a 94 funcionarios y/o servidores públicos de la región La Libertad.
Se identificó un total de 943 situaciones adversas o riesgos que fueron notificadas a los gestores públicos para que tomen las medidas correctivas necesarias. De ese total, 160 riesgos (17%) ya se resolvieron o están en proceso de resolución, mientras que 78 (8.2%) aún las corregirán los titulares de las entidades públicas involucradas. Y en 699 de los casos (74.12%) aún no se ha tomado acciones correctivas.
En uno de los informes se revela la presunta responsabilidad penal y administrativa de tres funcionarios y/o servidores públicos de la la Sociedad de Beneficencia de Trujillo, por la suscripción de un contrato de renovación y ampliación de la concesión del cementerio de Mampuesto.
Este contrato se firmó sin el conocimiento del directorio y a pesar de la derogación de la norma que permitía su concesión, sin considerar el contrato vigente, la Ley de Cementerios y el Código Civil.
Además, se destaca 14 acciones de control posterior realizadas en 12 municipalidades distritales y 2 provinciales que no utilizaron las transferencias económicas de 100 mil y 279 mil soles, respectivamente, destinadas a ayudar a la población afectada y damnificada por las intensas lluvias causadas por el ciclón Yaku. Estas acciones involucran a miles de personas en la región.
Otro punto importante son los 30 informes de control simultáneo relacionados con la “Gestión del Riesgo de Desastres ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos de 2023”.
En estos informes destaca la falta tanto del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres como de sus planes específicos en 30 entidades supervisadas, incluyendo la Universidad Nacional de Trujillo, el Gobierno Regional de La Libertad, el Proyecto Especial Chavimochic, 11 municipalidades provinciales y 16 distritales.
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