El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, defendió la autonomía de su institución frente a las amenazas de muerte que viene denunciando ante el Ministerio Público y la pretendida modificación del artículo 99 de la Constitución.
Ese cambio supone incluir a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre los funcionarios públicos de alto nivel que pueden ser sometidos a juicio político en el Parlamento. El magistrado sostuvo que su defensa no es solo personal, sino más bien institucional.
“¿Qué sucedería si se deja sentado el criterio de que los jueces electorales de la más alta instancia en el Perú pueden ser removidos bajo el protocolo del ataque, la diatriba, el insulto y la amenaza? Se instalaría un sistema de control político para los miembros del tribunal electoral”, expresó.
En ese sentido, Salas Arenas incidió que hay varios pronunciamientos de la Corte IDH. Entre otros, los cuales señalan que los órganos jurisdiccionales deben estar exentos del control político.
“Es muy peligroso para la democracia controlar a los jueces de las altas cortes y también a quienes los nombran porque se pueden derivar de esos excesos varias iniquidades”, enfatizó en entrevista con la Red de Medios Regionales del Perú.
Jorge Luis Salas: “Hay sentencia vinculante”
El magistrado hizo referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se determinó que al vocal del Tribunal Supremo Electoral se le destituyó por una decisión del Congreso Nacional actuando fuera de sus competencias. Lo cual constituyó una violación de la garantía de la independencia judicial, que incluye la estabilidad e inamovilidad en el cargo de las autoridades judiciales.
Salas Arenas remarcó que esta sentencia es vinculante para Perú.
“De modo que aquellas cuestiones que se dicen de que no hay una sentencia exclusiva para el JNE. Ni una sentencia exclusiva en el foro peruano o que hay que defender la soberanía jurídica. Son opiniones que van en contra de lo que ya el Tribunal Constitucional emitió en 2017 y también en 2004”, remarcó.
La sentencia N° 0007-2007 del Tribunal Constitucional (TC) establece que las decisiones y las sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) son vinculantes para todos los poderes públicos de nuestro país.
Denuncias archivadas
De otro lado, el funcionario comentó que la mayoría de denuncias presentadas ante el Ministerio Público por los ataques recibidos de parte de grupos políticos han sido archivadas. Esto, pese a la medida cautelar que dispuso la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
“Lamentablemente, las denuncias formuladas por los discursos de odio, que constituye acosamiento político según el código penal en el artículo 151, no han sido objeto del tratamiento adecuado…Aquellos fiscales que están archivando sin sustento las causas que connotan actos de acosamiento deberían recapacitar”.
Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE.
Aunque evitó dar nombres de personajes y partidos políticos que estarían detrás de estas amenazas, Salas Arenas recordó que hay integrantes de al menos cuatro grupos políticos que estarían impulsando su destitución.
“Varios de los ataques que he recibido pidiendo modificaciones normativas vienen de cinco grupos políticos. Entre 35 a 40 congresistas están comprometidos en la modificatoria del artículo 99. Y tres organizaciones políticas no aceptaron los resultados electorales y aún consideran que hubo “fraude”, pese a la auditoría internacional. No hubo fraude, pero algunos continúan con ese discurso, supongo que eso les permite mantenerse cerca y tener un enemigo al cual enfrentarse”, precisó.
¿Falsa democracia?
En medio de este panorama incierto que vive el máximo organismo electoral del país, el titular del JNE reconoció que su ausencia en el Congreso de la República durante el mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte fue una manera de protegerse.
“Es una situación difícil para quien se encuentra amenazado por quienes son amigos de aquellos (congresistas), asistir a un evento de esa naturaleza”.
Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE.
También cuestionó el discurso de la jefa de Estado, quien aseguró liderar un gobierno democrático y respetuoso de la paz social.
“La señora Boluarte no dirige el Ministerio Público, pero sí la Policía Nacional. Y esta dice que los discursos de odio y ataques verbales son manifestación de la libertad de expresión. Hay que replantear el tema porque no podemos vivir en una sociedad violenta”, lamentó.
El presidente del JNE, Salas Arenas, también indicó que “de convocarse a un adelanto de elecciones”, se tendría que hacer modificaciones constitucionales. Sobre recorte de mandato presidencial y congresal.
