El último informe emitido por la organización de derechos humanos ‘Human Rights Watch’, confirmó que en las protestas al interior del país, contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, agentes del Estado dispararon armas de fuego contra los manifestantes.
Según el informe, que recoge declaraciones de testigos a nivel nacional sobre la represión de manifestantes entre el 7 de diciembre de 2022 y febrero del 2023, los testigos dijeron que vieron a policías disparando armas de fuego en Arequipa, Andahuaylas, Pichanaqui y Juliaca.
Declaraciones que fueron confirmadas con videos verificados por ‘Human Rights Watch’, imágenes que “muestran a las fuerzas de seguridad armadas con armas de fuego en esos lugares y, en algunos casos, apuntando y disparando contra los manifestantes“.
El 16 de diciembre de 2022, en Pichanaqui, el adolescente J.WT.C. (17), el joven Ronaldo Franly Barra Leyva (22) y el agricultor Diego Armando Galindo Vizcarra (45) murieron por impactos de bala, de acuerdo con sus respectivas necropsias de ley.
Además, 52 ciudadanos resultaron heridos (43 civiles y 9 policías) producto de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden en Pichanaqui.
Uso desproporcionado de la fuerza
La organización de derechos humanos determinó que en las protestas hubo un uso desproporcionado de la fuerza, “las fuerzas militares y policiales han utilizado armas de fuego más allá de lo legalmente permitido”, sostiene.
Según el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, el generl Raúl Alfaro, indicó que las fuerzas de seguridad sólo están autorizadas a utilizar armas de fuego “cuando existe un riesgo inminente para la vida”.
Por tal motivo también sugiere a los militares “establecer claramente que las armas letales no deben utilizarse para defender edificios o propiedades, sólo en defensa de la vida”.
Y recomienda invitar a expertos internacionales y darles acceso a información gubernamental y a expedientes de los casos para apoyar las investigaciones en curso para “elaborar un informe sobre la crisis actual y las violaciones de los derechos humanos, de forma complementaria a las investigaciones penales existentes”.
