El Ministerio Público informó que el fiscal provincial de lavado de activos Richard Rojas solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, como parte de las investigaciones al presunto financiamiento ilícito a la campaña del partido de gobierno.
El requerimiento fue presentado a la autoridad judicial, tras la formalización de la investigación preparatoria, que tendrá un plazo de 36 meses. La investigación también incluye a los congresistas Waldemar Cerrón y Guido Bellido.
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El fiscal provincial de lavado de activos Richard Rojas solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, en el marco del caso de financiamiento al partido Perú Libre. pic.twitter.com/h906LjBOaP— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 11, 2022
Podría regresar a prisión
El 5 de agosto del 2019, el Quinto Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín condenó a 4 años y 8 meses de prisión efectiva a Vladimir Cerrón, cuando ejercía por segunda vez su mandado de gobernador regional.
El delito del cual el Poder Judicial le halló responsable fue el de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en el caso del saneamiento de La Oroya, en el primer periodo de su gestión como gobernador regional, del 2011 al 2014.
Conocida la sentencia, Cerrón pasó a la clandestinidad y dejó de asistir el Gobierno Regional. Días después, fue detenido cuando se acercó a la Corte Superior de Justicia de Junín, y fue recluido en el penal de Huancayo.
Allí permaneció hasta el viernes 18 de octubre, día en que abandonó la prisión luego de que una sala superior reformó la sentencia a solo 4 años de pena privativa suspendida, permitiéndole recuperar su libertad.
Pero ya no recuperó sus funciones de gobernador porque la inhabilitación para ejercer la función pública se mantuvo y sigue vigente hasta hoy.
Ahora, este nuevo requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción será evaluada por el Poder Judicial, que, eventualmente, podría ser aceptada.
