Escribe: Dr. Hugo González [Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú]
La planificación familiar permite tener una vida sexual y reproductiva saludable y placentera, además de ser vital para reducir muertes maternas evitables y enrumbar hacia círculos virtuosos del desarrollo.
La autonomía corporal es fundamental para allanar el camino hacia otras autonomías, por ejemplo, la económica. Poder decidir cuándo y cuántos hijos tener determina la posibilidad de alcanzar las potencialidades individuales al culminar aspiraciones académicas, particularmente en las mujeres, a través de realizar un proyecto de vida que va más allá de roles reproductivos asentados en estereotipos tradicionales y asignaciones sociales desiguales que limitan el alcance del derecho a la participación y capacidad productiva de las mujeres y que obstaculizan el retorno de los beneficios de un bono demográfico femenino a una sociedad.
En el Perú la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos no ha variado mucho en los últimos 20 años alcanzando al 55.0% de las mujeres unidas en el año 2020. Esta cifra está muy por debajo del promedio para América Latina, equivalente a 69.9%, o incluso de países vecinos quienes ostentan cifras alrededor del 78% de uso de métodos anticonceptivos modernos.
No obstante, el ejercicio de ese derecho es equivalente apenas al 39.6% de todas las mujeres en edad reproductiva de entre 15 a 49 años aproximadamente. Además, el promedio esconde las desigualdades en el acceso y uso de la información y servicios para hacer posible un ejercicio equitativo de ese derecho reproductivo. Es así que, por ejemplo, el uso de métodos modernos es significativamente más bajo en 7 regiones del país: Puno 29.6%, Huancavelica 38.0%, Cajamarca 44.4%, Ayacucho 46.3%, Áncash 50.5%, Junín 51.5%, Loreto 51.5% entre otros. También ese nivel de uso es menor entre mujeres unidas con menor nivel de instrucción (36.5%), mujeres con menores niveles de ingreso (47.6%), o entre mujeres que se auto identifican indígenas (46.3%).
La planificación familiar es un derecho humano, por consiguiente debe estar al alcance de todos y todas quienes deseen ejercerlo. Sin embargo, la realidad es que el ejercicio de este derecho se ve limitado particularmente en las personas que viven en situación de vulnerabilidad. Obstáculos tales como la calidad y disponibilidad de los suministros y servicios, unidos a las limitaciones de carácter socioeconómico, son parte de una problemática persistente que tenemos que superar con urgencia. Según la ENDES 2020, uno de cada dos nacimientos ocurridos en los últimos cinco años no fueron deseados en el momento de su concepción (52.1%) y cuando se trata de un cuarto nacimiento la relación se eleva a 2 de cada 3 nacimientos (67.5%).
En un reciente análisis realizado por UNFPA para la región de América Latina y el Caribe sobre el impacto de la COVID-19, en promedio los anticonceptivos orales aumentaron cuatro veces más que la inflación general durante el 2020. Perú fue el país que registró una mayor inflación de estos anticonceptivos de hasta 9.5 veces por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) –i.e. 18.8% en promedio versus 1.96 IPC de enero a diciembre 2020–. En corto, aproximadamente un total de 238,181 mujeres se han visto afectadas por esta situación inflacionaria, sin considerar algunas otras consecuencias derivadas de la pandemia, como la pérdida de ingresos, agregando una barrera adicional a las mujeres para ejercer su derecho a cumplir sus aspiraciones reproductivas.
A los factores socioeconómicos antes mencionados se suman factores de desigualdades de género donde muchas mujeres se ven imposibilitadas a tomar decisiones sobre sus cuerpos, incluidas sus preferencias reproductivas. En Perú, las mujeres que toman decisiones en el hogar, como las compras de la casa, tienen un porcentaje más alto de uso de anticonceptivos modernos de 57.1% en comparación con las mujeres que no tienen decisiones en el hogar y entre quienes el uso de anticonceptivos es solo 28.0%.
En este contexto, el Ministerio de Salud –a través de la Dirección Ejecutiva de Salud Sexual y Reproductiva (DSARE)– y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Perú (UNFPA) han organizado, por segundo año consecutivo, una campaña de comunicación multi-plataforma a nivel nacional con el fin de mejorar la oferta integral de servicios y satisfacer la demanda de la población en los diferentes aspectos de la salud sexual y reproductiva, en especial de la planificación familiar en el contexto de la pandemia. La campaña inició en agosto, mes de la planificación familiar, y seguirá vigente durante el mes de setiembre.
A través de esta campaña y otros esfuerzos comunicacionales se busca que las mujeres identifiquen que tener autonomía corporal para ejercer el derecho a una planificación familiar contribuye a otras autonomías, permite salvar sus vidas, ayuda a tener un espaciamiento óptimo entre embarazos contribuyendo también a una mayor supervivencia infantil y fomenta la adopción de prácticas sexuales responsables y más seguras.
Y es que el reconocimiento sobre el derecho al ejercicio de esa autonomía recobra aún mucha más importancia para el acceso oportuno (dentro de las primeras 72 horas) a métodos anticonceptivos de emergencia después de una lamentable ocurrencia de violación sexual para evitar un embarazo.
Planificación familiar: COVID-19 y acceso
La planificación familiar debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos como parte de una currícula educativa que facilite el ejercicio de una sexualidad sana, responsable, informada y placentera que empodere a hombres y mujeres a decidir el mejor momento para iniciar o no una vida sexual, fundar o no una familia y hasta reconocer las situaciones de acoso y violencia sexual que amenazan la integridad bio-psíquica de las personas. Las atenciones prenatales y el postparto en las gestantes son momentos durante los cuales también se propician consejerías y educación alrededor de intenciones reproductivas para el espaciamiento óptimo entre nacimientos o la postergación de tener hijos, pudiendo elegir un método anticonceptivo moderno y seguro de acuerdo a las necesidades y preferencias de cada persona.
En el Perú –así como en toda la región– la pandemia por la COVID-19 afectó el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo atenciones prenatales, partos, post partos, anticoncepción, y servicios para la prevención y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, así como la atención clínica de la violencia sexual. Esta situación ha tenido consecuencias negativas en la salud de las mujeres, adolescentes y niñas, tales como embarazos no intencionales, infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, abortos en condiciones inseguras, muertes maternas y embarazos de alto riesgo no atendidos de manera oportuna. En el Perú en el año 2020, se triplicó el número de niñas menores de 10 años forzadas a ser madres, las muertes maternas incrementaron en 45% y el número de parejas protegidas por todos los métodos anticonceptivos en los servicios de salud del MINSA se redujo en 23% a enero 2021.
Por ello, el Ministerio de Salud viene desplegando esfuerzos, a los que se ha sumado el UNFPA, para promover y colocar a disposición de la población una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, brindando una oferta integral de servicios para satisfacer la demanda de la población. De esta manera, lo que se busca es garantizar la continuidad de la atención en planificación familiar en todos los establecimientos de salud a nivel nacional, en el marco de la normatividad vigente, con el fin de que la población pueda acceder gratuitamente a los métodos anticonceptivos modernos de su preferencia, incluida la anticoncepción oral de emergencia.
En esa línea, se viene promoviendo el uso de los métodos modernos reversibles de larga duración como el implante subdérmico (en el brazo) que puede proteger contra embarazos a las mujeres hasta por 3 años y el dispositivo intrauterino (T de cobre) que lo hace incluso hasta por 12 años y que pueden ser utilizados por todas las mujeres incluyendo adolescentes con vida sexual activa. Otros métodos que se ofrecen son: inyectables, píldoras anticonceptivas, preservativos masculinos y femeninos, entre otros.
Para obtener resultados positivos en un futuro inmediato, es clave asignar a la planificación familiar un capital político importante con incrementos de financiamiento sustantivos, dirigidos a proteger a las mujeres de los grupos dejados atrás; fortalecer la cadena de suministro desde su planeación hasta la disponibilidad de los anticonceptivos en los puntos de entrega con predicción sobre las preferencias desde la demanda; y mejorar de manera continua los perfiles profesionales y la integración de servicios con enfoque de derechos humanos y sensibilidad cultural, entre otras medidas.
El desarrollar acciones que resulten en un incremento de 10 puntos porcentuales en el uso de métodos anticonceptivos modernos, brindaría beneficios asociados con la reducción de la mortalidad materna en aproximadamente 398 millones de dólares de 2020 con costos asociados de 53 millones de dólares. Esto implica que, por cada dólar invertido en intervenciones para reducir la mortalidad materna, el retorno económico sería de 7.48 dólares.
La aspiración de ser madre debe ser voluntaria y el poder decidir el momento y el numero deseado de hijos es un derecho de cada persona para lo cual el acceso universal y asegurado a los métodos anticonceptivos modernos y eficaces es fundamental. La autonomía a decidir cuándo y cuántos hijos tener favorece a que el ejercicio de otras autonomías y derechos dejen de ser utopías para muchas mujeres, incluido el derecho a no fallecer por causas relacionadas a la maternidad.
