En su reciente informe anual 2025-2026, Amnistía Internacional denunció que en el Perú se ha consolidado un patrón de impunidad estructural frente a graves violaciones de derechos humanos. Según el organismo, el Estado ha fallado en sancionar a los responsables de las 50 muertes, incluidos 8 menores, y más de 1,400 heridos durante las protestas de 2022-2023, y ha impulsado medidas que, en conjunto, configuran un serio retroceso en el acceso a la justicia y en el Estado de derecho.
La organización internacional sostiene que este escenario ocurre en medio de una profunda inestabilidad política. Tras la salida de Dina Boluarte en octubre de 2025 y la posterior censura de José Jerí en febrero de 2026, el país atraviesa una transición marcada por el debilitamiento de los contrapesos democráticos y la pérdida de independencia de instituciones clave.
Desmantelamiento de la justicia
Amnistía Internacional identifica a dos decisiones clave como el núcleo de esta impunidad. En septiembre de 2025, el Congreso archivó la denuncia contra Dina Boluarte y otros responsables de las muertes registradas en las protestas de 2022-2023, sin un análisis exhaustivo de la cadena de mando.
Meses después, en enero de 2026, el Ministerio Público desactivó el Equipo Especial de Fiscales encargado de investigar dichos casos. La redistribución de los expedientes a fiscalías ordinarias, advierte Amnistía Internacional, incrementa el riesgo de fragmentación procesal y pérdida de evidencia.
Lejos de tratarse de hechos aislados, el informe señala que el uso desproporcionado de la fuerza persiste. En octubre de 2025, una nueva intervención policial en Lima dejó como saldo la muerte del manifestante Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, en circunstancias que refuerzan las preocupaciones sobre el accionar estatal.
Leyes “candado” y amnistías
El retroceso también se ha consolidado desde el Congreso con normas que restringen la rendición de cuentas.
La organización señala que la llamada “Ley APCI” (Ley 32301) limita el uso de financiamiento internacional por parte de organizaciones de la sociedad civil en litigios contra el Estado, afectando directamente a las víctimas que dependen de este apoyo para acceder a la justicia.
A ello se suman las leyes de amnistía (Ley 32419 y 32107), que benefician a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1980 y el 2000. Pese a la resistencia de algunos magistrados, su validación por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2025 abrió la puerta a la anulación de condenas emblemáticas, como la del exministro Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
2025: el año más letal para el periodismo
El deterioro del Estado de derecho también impacta la libertad de expresión. Según el informe, 2025 fue el año más letal para el periodismo peruano en lo que va del siglo, con el asesinato de cuatro reporteros y el registro de 458 ataques contra la prensa.
Este contexto generó un clima de hostilidad y autocensura, especialmente en regiones, donde los periodistas enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad.
Retroceso en derechos de mujeres y niñas
El informe advierte además un grave retroceso en la protección de los derechos de mujeres y niñas. La aprobación de la Ley 32535 eliminó el enfoque de género en políticas públicas, debilitando herramientas clave para enfrentar la violencia.
Las cifras reflejan el impacto: en 2025, 992 niñas menores de 14 años fueron obligadas a parir, en un contexto donde se eliminaron guías que facilitaban el acceso al aborto terapéutico. A ello se suma el cierre, en 2026, de fiscalías especializadas en violencia de género en regiones críticas, como Condorcanqui, lo que reduce aún más la capacidad de respuesta del sistema de justicia. Aunque, tras protestas ciudadanas, estas dependencias fueron reabiertas.
“Los derechos humanos están bajo presión en Perú. Persiste la represión y se instrumentaliza el derecho para silenciar a quienes levantan su voz”, advirtió Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional Perú.
El informe concluye que el país atraviesa un proceso sostenido de debilitamiento institucional, en el que la impunidad deja de ser la excepción y comienza a convertirse en la norma.
Aquí el informe Perú
Amnistía Internacional: Informe de derechos humanos Perú 2025-2026 by Huanca York Times
