El abogado César Antonio Mendoza Pérez fue destituido en setiembre del 2025 de la Ugel Huancayo por ofrecer un celular a una menor para que callara sobre un presunto acoso sexual de su docente. Seis meses después, la Ugel Concepción lo contrata como asesor legal con un sueldo de S/4,500 mensuales.
De acuerdo con la Resolución Administrativa N° 002-2025-UGEL-H/DIR-OS, emitida el 18 de setiembre de 2025, Mendoza Pérez cometió la falta disciplinaria mientras ejercía como Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL Huancayo, encargado de investigar un caso de presunto acoso sexual contra el docente Felipe Paulino Acevedo Poma en la Institución Educativa ‘Pachacutec’ de Chongos Alto.
Entregó celular para comprar silencio
El documento sancionador detalla que el 24 de setiembre de 2024, Mendoza Pérez visitó el colegio y solicitó quedarse a solas con la menor agraviada en el ambiente de tutoría. Allí, le entregó un teléfono celular nuevo de color negro, indicándole “que se quedara callada y no dijera nada sobre el acoso sexual sufrido”. Según el acta de declaraciones, el abogado le dijo a la menor que era “un regalito para ti” y advirtió que “las cosas que me hayas contado, no dijeras nada a nadie”, amenazándola incluso con que, si hablaba, “el profesor denunciado por acoso sexual se iría a la cárcel”. La madre descubrió el aparato en la mochila de su hija y denunció los hechos ante la Policía y el Ministerio Público.
La sanción fue notificada el 19 de septiembre de 2025 y, aunque el abogado apeló ante el Tribunal del Servir y el recurso aún está pendiente de resolución, la destitución sigue vigente. La normativa establece que los servidores públicos destituidos no deben ocupar cargos en el Estado.
Nuevo contrato
Pese a ello, el 19 de marzo de 2026, Mendoza Pérez firmó el Contrato Administrativo de Servicios N.º 031-2026 con la UGEL Concepción, dirigida por el doctor Peter Pepe Rojas Cruz. Fue designado en un cargo de confianza como asesor legal, con funciones que incluyen emitir dictámenes jurídicos, asumir la defensa de la institución y absolver consultas de usuarios del sistema educativo. Por ese trabajo recibirá una remuneración mensual de S/ 4,500.00, proveniente de los recursos ordinarios del sector educación.
La contratación se realizó bajo el régimen de CAS, pero choca frontalmente con el Código de Ética de la Función Pública y la Ley del Servicio Civil, que exigen principios de probidad, honradez y confiabilidad, incompatibles con la designación de un funcionario sancionado por obstrucción de justicia en un caso de violencia sexual contra menores.
