¿Qué tienen en común el congresista Ilich López Ureña, conocido como uno de los ‘niños’, y Héctor Vílchez Otárola, señalado como su presunto intermediario? Más allá del vínculo que les atribuyó el exdirector de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, Wilfredo Portilla Barrera, quien denunció que le habrían solicitado US$30,000 para mantenerlo en el cargo, existe un dato concreto que los conecta. Ambos fueron mencionados en una sentencia penal firme como supuestos “socios reales” de una empresa involucrada en un esquema de defraudación tributaria ocurrido en Huancayo entre 2010 y 2011.
Según documentos judiciales, la Sentencia N.º 19-2018 de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Junín condenó a varios implicados por utilizar facturas falsas para reducir el IGV mediante la empresa de seguridad C.E. & G. S.R.L., proveedora de la Universidad Peruana Los Andes (Upla). El perjuicio tributario acreditado ascendió a S/114,545.
Testimonios coincidentes
Durante el juicio oral de 2018, el gerente formal condenado, Raúl Octavio Hurtado Guzmán, afirmó que él y otros directivos solo prestaban sus nombres. Sostuvo que quienes realmente dirigían la empresa y conocían el mecanismo fraudulento eran López Ureña, Vílchez Otárola y Elmer Rafael Tejeda.
Relató que participaban en reuniones para repartir utilidades y tomar decisiones. Incluso aseguró que habrían entregado dinero al contador para alterar el IGV mediante maniobras contables. Tiempo después, en el programa Cuarto Poder, reiteró que actuó como testaferro a cambio de un pago mensual.
El congresista rechazó las acusaciones, negó que su voz aparezca en audios difundidos entonces y acusó a Hurtado de intentar extorsionarlo.
[El reportaje de Cuarto Poder]
No fue el único que apuntó en esa dirección. Otro implicado, el exgerente formal Pablo Matta Vergara, ya fallecido, declaró que existían reuniones mensuales con los presuntos socios ocultos y que estos conocían el sistema de facturación falsa. Su testimonio quedó incorporado al expediente judicial antes de morir. Que dos procesados distintos mencionaran los mismos nombres se convirtió en uno de los aspectos más llamativos del caso.
Cómo operaba
El dictamen fiscal N.º 23-2016 y las sentencias establecen que la maniobra funcionó entre mayo de 2010 y marzo de 2011. El contador Nilton Gandhy Camarena Sánchez, acogido a colaboración eficaz, admitió que, ante el alto IGV que debía pagar la empresa, coordinó con su colega Henrry Toño Quispe Rashuamán, practicante del Estudio Contable Angulo, para conseguir comprobantes de “operaciones no reales”.
Confesó que pagó entre 1.8% y 2% del valor de esas facturas para reducir artificialmente la base imponible. Los documentos provenían de varias compañías, entre ellas Mechita Inversiones S.R.L., representada por Neftalí Ricardo Esplana Ramos. En el proceso se determinó incluso que el propio Camarena sustrajo talonarios en blanco de una empresa de transporte cuya contabilidad llevaba, sin que sus gerentes lo supieran.
A la Corte Suprema
El 24 de setiembre de 2025, la Segunda Sala Penal de Apelaciones emitió la Sentencia N.º 19, Resolución N.º 52, que absolvió a Esplana Ramos, último imputado pendiente. El tribunal concluyó que no se probó que facilitara dolosamente las facturas cuestionadas y que estas se canalizaron a través del Estudio Contable Angulo sin conocimiento de su gerente.
La Sala también remarcó que la SUNAT nunca fiscalizó directamente a Mechita Inversiones, sino que realizó solo un cruce puntual de datos. Además, recordó que Camarena ratificó en juicio que no conoció ni coordinó con Esplana, sino que recibió los documentos directamente de Quispe.
El 10 de noviembre de 2025, mediante Resolución N.º 53, la misma Sala concedió el recurso de nulidad presentado por la fiscal superior Noemí Espíritu Saldaña. El caso fue elevado a la Corte Suprema de la República, que deberá decidir si confirma la absolución o la revoca respecto de Esplana Ramos.
Nunca fueron investigados
Aunque sus nombres aparecen en el juicio y en la sentencia, ni López ni Vílchez fueron procesados. El dictamen fiscal se centró en quienes figuraban formalmente en la empresa, es decir gerentes, contador y proveedores. Ninguno de ellos aparecía como socio ni directivo en registros oficiales. Cuando durante el juicio surgieron los nombres de presuntos socios ocultos, el tribunal no ordenó ampliar la investigación. Además, el delito prescribió en 2019, lo que cerró cualquier posibilidad de acción penal.
Hasta hace poco, Vílchez Otárola era prácticamente desconocido fuera del expediente judicial, en el cual figuraba mencionado por sentenciados como presunto operador en la sombra. Su perfil volvió a la escena pública tras difundirse un audio periodístico del semanario Hildebrandt en sus Trece, donde actuaría como ‘operador’ del ‘Niño’ López.
Los responsables procesados por el fraude vienen cumpliendo sus condenas, algunas suspendidas y otras efectiva, y aún tienen pendiente el pago de la reparación civil solidaria de 200 mil soles. En cambio, los supuestos socios reales mencionados en testimonios nunca enfrentaron investigación ni juicio.
Ni el congresista ni el presunto intermediario registran sentencia ni proceso penal abierto por este caso.
