El excongresista Justiniano Apaza participa en las elecciones como candidato al Senado por el partido Primero la Gente. A pesar de su trayectoria vinculada a la izquierda y al sindicalismo, Apaza integra la lista liderada por Marisol Pérez Tello, argumentando que existe una coincidencia en la lucha contra la corrupción que trasciende las ideologías políticas. El candidato señaló que su retorno a la política activa responde a una percepción de falta de moral y valores en las instituciones actuales.
Sobre la reinstauración de la bicameralidad, Apaza sostuvo que la creación del Senado responde a intereses de los actuales legisladores para concentrar el poder. Cuestionó que la Cámara Alta posea facultades para nombrar a los directores del Banco Central de Reserva, al Contralor General y a los miembros del Tribunal Constitucional. En consecuencia, planteó que una de sus tareas principales será promover una consulta popular para que la ciudadanía decida si el Senado debe continuar o desaparecer, argumentando que no existe una igualdad de poderes con este diseño.
Posición sobre minería, seguridad y reformas legislativas
En relación con los conflictos socioambientales, el candidato indicó que no se opone a la inversión privada, pero enfatizó que los proyectos deben contar con licencia social. Respecto al proyecto Tía María, afirmó que su ejecución no es viable debido al rechazo de la población local. Asimismo, propuso modificar la Ley de Consulta Previa para que la opinión de las comunidades sea vinculante en las decisiones del Estado sobre actividades extractivas. Criticó además la gestión actual de los recursos naturales, mencionando la contaminación del río Tambo y la falta de control en las actividades mineras en el sur del país.
En el ámbito de la justicia y seguridad, Apaza se pronunció a favor de derogar las leyes relacionadas con el crimen organizado que, según su partido, debilitan la lucha contra la delincuencia. Sobre la inmunidad parlamentaria, la calificó como un instrumento que debe usarse con racionalidad para proteger la fiscalización, aunque aclaró que los congresistas procesados por delitos de corrupción o abuso de autoridad deben ser separados de sus cargos. Finalmente, en materia ambiental, respaldó la derogación de la denominada ley antiforestal, señalando que la Amazonía enfrenta una depredación por minería ilegal y falta de presencia estatal.
