Mientras afrontaba un proceso penal por abuso sexual infantil, el policía en retiro Jorge Antonio Álvarez Laureano fue condecorado en el Congreso de la República. El 18 de marzo de 2024, el exagente, quien trabajó varios años en Huancayo, recibió la medalla de “Héroe de la Democracia y Seguridad Nacional”. La distinción fue difundida en cuentas oficiales del Parlamento y compartida por el propio entonces investigado en su cuenta de Facebook.
El reconocimiento coincidió con otras distinciones otorgadas por el Congreso. En ese contexto, mientras Perú Libre distinguió a la actriz cómica ‘Dayanita’, la bancada fujimorista otorgó el título de ‘héroe de la democracia’ a Álvarez Laureano, quien ya tenía el proceso penal en curso por violencia sexual contra un menor de edad.
Actualmente, Álvarez Laureano cumple una condena de nueve años de prisión efectiva por tocamientos indebidos contra el hijo de su expareja. Fue recluido en el penal de Huamancaca Chico en la primera semana de enero de 2026.
Cronología
La denuncia fue presentada el 8 de noviembre de 2021 ante la Comisaría de El Tambo. Según la sentencia de vista de la Corte Superior de Justicia de Junín, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021, cuando Álvarez Laureano laboraba en esa misma dependencia. El menor tenía entre 10 y 12 años de edad.
De acuerdo con el fallo, el sentenciado aprovechó su condición de padrino de promoción inicial del niño y su relación de pareja con la madre para cometer los actos denunciados.
A pesar de que el proceso penal estaba en trámite, el Congreso le otorgó la distinción el 18 de marzo de 2024, bajo el argumento de su ‘contribución a la pacificación nacional’. Las imágenes del evento fueron difundidas en redes sociales del Congreso y por el propio entonces investigado en su cuenta de Facebook.
La sentencia fue confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Huancayo el 14 de noviembre de 2025.
‘Héroe’
Las fotografías difundidas muestran a Álvarez Laureano recibiendo el diploma junto a congresistas de la bancada fujimorista. La distinción fue promovida desde la Primera Vicepresidencia del Congreso, a iniciativa del congresista Arturo Alegría García, elegido por la región San Martín.
En una publicación de esa fecha, el parlamentario indicó en su cuenta de Facebook que el homenaje buscaba reconocer el rol de la Policía Nacional durante el conflicto armado interno y sostuvo que “nuestra Policía jugó un rol determinante” en la pacificación del país, “después de la lacra terrorista que amenazaba nuestra tranquilidad”.
En las imágenes compartidas por el entonces investigado también aparece junto al congresista Fernando Rospigliosi, autor de iniciativas legislativas orientadas a beneficiar a policías y militares procesados por hechos vinculados al conflicto armado interno, las cuales han sido cuestionadas por organismos de derechos humanos.
Declaraciones y peritaje
El menor declaró en Cámara Gesell que los tocamientos ocurrieron en reiteradas ocasiones, tanto en la vivienda del policía como en su habitación, incluso cuando este le llevaba el desayuno.
Una pericia psicológica incorporada al proceso concluyó que el niño presentaba “afectación emocional, conductual y cognitiva relacionada con los hechos denunciados”, lo que descartó la versión de la defensa sobre la inexistencia de daño psicológico.
Un elemento clave en esta pericia fue el apodo que el menor utilizaba para referirse a su agresor: “el chinchoso”. De acuerdo con el testimonio de la madre, recogido en la sentencia, el niño expresaba “Ya viene el chinchoso” al anticipar las visitas de Álvarez Laureano, una frase que revelaba su incomodidad ante la presencia persistente del policía, aunque la madre no la interpretó inicialmente como indicio de violencia sexual.
Sentencia
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Huancayo confirmó la condena de nueve años de prisión efectiva, rechazando el argumento de la defensa sobre un presunto móvil de venganza por parte de la madre del menor. El fallo dispuso la ejecución inmediata de la pena y la inhabilitación definitiva del sentenciado para ejercer cargos vinculados al ámbito educativo.
Asimismo, el tribunal fijó una reparación civil de S/ 5,000 a favor de la víctima. El caso se encuentra en etapa de casación.
