El presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín y titular de la Comisión Regional Anticorrupción (CRA), Ricardo Corrales Melgarejo, anunció la intención de invitar al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, a Huancayo, a un congreso internacional en el cual comparta su modelo anticorrupción; que tendría lugr en agosto.
La propuesta surge en un contexto crítico para Junín, que actualmente ocupa el tercer lugar en percepción de corrupción a nivel nacional. Corrales Melgarejo explicó que la comisión busca traer expertos extranjeros que puedan “ilustrar cómo ellos han combatido la corrupción en su país” y trasladar esas experiencias exitosas a la realidad local. “Inclusive vamos a invitar al presidente Bukele para que venga a Huancayo a exponernos sus experiencias en cuanto a la lucha anticorrupción”, afirmó el magistrado al presentaar su plan de trabajo en el 2026.
Sin embargo, la viabilidad de la visita permanece en duda. El mismo titular de la CRAJ reconoció que el proyecto depende de la agenda del mandatario: “Si tiene a bien venir, en buena hora”. En ese caso no sea posible, la comisión buscará a otros especialistas internacionales para analizar el fenómeno delictivo.
[Presidente de al Corte de Justicia de Junín anuncia invitacó a Bukele (min 1:00 en adelante)]
El dilema de los Derechos Humanos
Aunque la CRAJ busca una “proyección internacional” a través de la figura de Bukele, la aplicación del modelo de lucha contra el crimen en El Salvador genera interrogantes sobre su compatibilidad con el sistema de justicia peruano y el respeto a los derechos humanos.
El propio presidente Ricardo Corrales, defiende la atribución de los jueces peruanos de aplicar el “control de convencionalidad”, una facultad que les obliga a analizar si las leyes se ajustan a la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Corrales enfatizó que los jueces tienen la autonomía para no aplicar normas que consideren inconstitucionales o contrarias a los tratados internacionales. En ese marco, la efectividad del modelo salvadoreño enfrente la prioridad del respeto a los derechos fundamentales, un estándar que organizaciones internacionales han cuestionado en la gestión de Bukele.
Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advertieron que bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador desde 2022, se produjeron detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso y denuncias de muertes bajo custodia estatal.
Ambos organismos señalado que la lucha contra el crimen organizado no exime a los Estados de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, en especial la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el control judicial efectivo de las detenciones.
Planes de gobierno anticorrupción
Entre las activididade que Corrales y la Comisión Anticorrupción han previsto se encuentra la exposición de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República en materia de lucha contra la corrupción que se realizarén agosto, en Huancayo y en Chanchamayo.
Asimismo, prometió una mayor transparencia y comunicación fluida de la Corte Superior de Justicia de Junín con los medios de comunidación sobre los casos emblemáticos a cargo los juzgados especalizados en delitos de corrupción.
