La Fiscalía de la Nación cerró la investigación preparatoria por las muertes ocurridas en Pichanaqui durante las protestas del 16 de diciembre de 2022 y decidirá en los próximos 30 días si acusa penalmente a tres altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El fiscal provincial Luis Nolasco Zavala declaró concluida la investigación preparatoria contra el general (r) PNP Martín Villalón Trillo (exjefe de la VI Macro Región Policial), el coronel PNP César Felipe Chávez Navarro (exjefe de la División Policial de Chanchamayo) y el comandante PNP Jonny James Vargas Ontón (excomisario de Pichanaqui).
A estos oficiales, la Fiscalía les imputa los delitos de homicidio calificado y lesiones graves bajo la modalidad de “comisión por omisión”.
La tesis del “Deber de Garante”
La acusación se fundamenta en que los jefes policiales tenían un “deber de garante”. Según el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), esto significa que los oficiales tenían la obligación legal de controlar que el plan de operaciones no causara muertos ni heridos. Al no ejercer ese control sobre sus subalternos, la Fiscalía considera que son responsables de los asesinatos de Ronaldo Barra Leiva, Diego Galindo Vizcarra y el adolescente J.W.T.C., además de las lesiones sufridas por decenas de ciudadanos.
Si el caso llega a juicio, la Fiscalía podría solicitar penas de entre 25 y 35 años de cárcel por homicidio calificado. Para el delito de lesiones graves, las penas oscilarían entre los 10 y 20 años de prisión. Entre las pruebas clave figuran las pericias que vinculan disparos de fusiles AKM, de uso policial, con las heridas sufridas por las víctimas, como el caso de un menor de edad que quedó con una incapacidad de 75 días tras recibir un impacto en el brazo.
Obstrucción y riesgo de impunidad
A pesar del avance procesal, el camino hacia la justicia enfrenta graves obstáculos institucionales. El abogado Quispe advirtió que la anunciada desactivación del Equipo Especial de Fiscales para las muertes en las protestas (EFICAVIT) por el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, pondría en riesgo todo lo avanzado, ya que nuevos fiscales tendrían que revisar expedientes de hasta 100 tomos sin conocer los antecedentes del caso.
Este anuncio de Gálvez recibió el rechazo los familiares de las víctimas de las protestas sociales que entre dicienbre del 2022 y marzo del 2023 dejaron 49 muertes causadas por la represión del Ejército y la Policía en Ayacucho, Apurímac, Puno, Juliaca, Lima y Junín.
Revisa la disposición fiscal
Fiscalía concluye investigación en caso Pichanaqui by Huanca York Times
