El Ministerio Público está a punto de culminar la investigación preparatoria por las muertes y lesiones ocurridas en Pichanaqui, el 16 de diciembre de 2022, en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y prepara la acusación contra los tres oficiales de la PNP, investigados como responsables de estos hechos.
La presentación de dicha acusación debe ocurrir “antes o después de Navidad”, proyectó del abogado Juan José Quispe, miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien defiende a una de las víctimas de lesiones en este caso. El operativo policial que buscó liberar el puente Pichanaqui, que permanecía bloqueado por manifestantes, dejó tres personas asesinadas y 56 heridas, es investigado por la Fiscalía como una grave violación a los derechos humanos.
De acuerdo con el letrado, la Fiscalía cuenta con medios de prueba suficientes para acusar por homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, delitos que no prescriben por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos.
Los oficiales investigados
La investigación comprende a tres oficiales, a quienes les alcanza la cadena de comando: general PNP Martín Villalón Trillo, exjefe de la VI macrorregión Policial Junín–Huancavelica, coronel PNP César Felipe Chávez Navarro, exjefe de la División Policial de Chanchamayo, y el comandante PNP Jonny James Vargas Ontón, excomisario de Pichanaqui.
La Fiscalía sustenta su imputación en la figura de “comisión por omisión”. Según esta tesis, los altos mandos tenían el deber garante de controlar a sus subordinados y evitar muertes o lesiones durante el control de los manifestantes. Al no ejercer ese control, incurrieron en responsabilidad penal, sostiene el abogado Quispe.
Si el caso llega a juicio oral y prospera la acusación por homicidio calificado, la Fiscalía podría solicitar penas de entre 25 y 35 años de prisión. Para las lesiones graves, las penas oscilarían entre 10 y 20 años.
Víctimas
Las víctimas mortales de la represión fueron Ronaldo Franly Barra Leiva, Diego Armando Galindo Vizcarra y el menor Jonathan Tello (17).
Entre los heridos figura Christopher Huzco Soto, quien momento de los hechos era menor de edad, 16 años. “Él recibió un disparo de AKM en el brazo derecho que le ha ocasionado una lesión grave, que le incapacitó por 75 días y estuvo casi más de 1 año en tratamiento”, relató el abogado.
“Es un arma de fuego que corresponde a los miembros de la Policía Nacional del Perú”, concluye.
Dilaciones y riesgo de impunidad
Pese al avance del caso, la investigación sufrió alrededor de siete cambios de fiscales en tres años. Cada relevo obligó a retomar diligencias desde el inicio, lo que ralentizó el proceso y postergó decisiones clave.
Quispe advirtió además sobre el riesgo de que el fiscal de la Nación provisional, Tomás Aladino Gálvez Villegas, desactive el Equipo Especial de Fiscales para casos de víctimas durante las protestas sociales. De ocurrir, los fiscales especializados regresarían a sus plazas de origen y otros asumirían expedientes de hasta 100 tomos, sin conocimiento previo del caso.
“Ese escenario podría terminar en un archivo o sobreseimiento y generar un halo de impunidad”, alertó el abogado del IDL.
Mientras el proceso entra en su fase decisiva, las familias de las víctimas denuncian abandono estatal y aseguran que seguirán exigiendo justicia hasta que el caso llegue a juicio y se establezcan responsabilidades.
Este martes 16 de diciembre conmemoraron los tres años del caso con una misa y demandas de justicia
