La Red de Medios Regionales del Perú conversó con el abogado constitucionalista Óscar Matutti Sánchez, quien abordó la preocupante situación de las próximas Elecciones Generales de 2026, advirtiendo sobre las fallas de origen del sistema democrático peruano y la posibilidad de una crisis política garantizada.
El debate comenzó con el análisis de los recientes incidentes preelectorales. El lanzamiento de la candidatura de Keiko Fujimori por Fuerza Popular, en Trujillo, se vio envuelto en controversia por la utilización de un bien del Estado, violando el principio de neutralidad y la normativa electoral. Matutti explicó que esta infracción debe ser investigada no solo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a través de su área de fiscalización, sino también por el Ministerio Público, ya que implicó el uso de bienes estatales.
El uso de bienes del Estado otorga una ventaja sobre los otros candidatos, y aunque hacer campaña es lícito, se debe hacer con los bienes propios. Esta no es una novedad, pues el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ya ha sido investigado por indicios de vulneración a la neutralidad por hacer campaña con bienes de la municipalidad, y existen investigaciones similares en la región La Libertad en contra de César Acuña.
El constitucionalista manifestó su escepticismo sobre si este proceso electoral garantizará una competencia democrática. La gran cantidad de esferas de poder que buscan perpetuarse —con partidos en el poder como Somos Perú en la presidencia o Renovación Popular en la alcaldía de Lima— hacen dudar sobre la transparencia del proceso. Para Matutti, los hechos evidencian que los partidos que están en el poder buscan sacar ventaja de su situación.
Matutti sostiene que existen fallas de origen en el sistema democrático que impiden una verdadera representación. Uno de los problemas más graves es la fragmentación política provocada por el elevado número de partidos. Con 39 candidaturas en contienda, considerando que son las inscritas, y más de 10 mil candidatos, si los 39 partidos presentan lista, el país enfrentará una fragmentación democrática sin precedentes, superando los 23 candidatos de 2011. Esto producirá, según el experto, un Congreso y un Ejecutivo divididos, con líderes pequeños y débiles que pasarán a una segunda vuelta.
La responsabilidad de esta situación recae en los congresistas que han legislado para facilitar la vida de sus partidos, convirtiendo la política nacional en un “circo” y no en un conjunto de partidos sólidos. La mayor parte de los partidos son informales, no tienen una ideología consolidada ni formación de cuadros, y se han convertido en “vientres de alquiler”. De hecho, la última norma que permite la designación de hasta un 20% de candidatos a dedo sin pasar por democracia interna es una forma de saltarse la ley que exige un mínimo de dos años de afiliación. El Congreso ha debilitado el sistema democrático, que ya era fallido y arrastraba graves problemas desde el inicio del siglo XXI.
El Tribunal Constitucional también contribuyó a la crisis al “abdicar” de su labor de darle contenido al artículo 113, inciso 4, de la Constitución, sobre la incapacidad moral. Al no legislar con razones concretas y objetivas sobre este tema, se ha abierto una “caja de pandora” que ha permitido al Congreso vacar presidentes cada año, rompiendo el equilibrio de poderes y colocándose por encima de los demás. Esto ha normalizado las crisis democráticas, las cuales no permiten que el país crezca, a pesar de que los indicadores económicos muestren cierta salud.
El modelo democrático necesita un cambio urgente, fortaleciéndose con mayor contenido al artículo 113 de la Constitución. Otro riesgo es el sistema de votación: el tamaño de la cédula de sufragio podría ser tan grande —como una “caja de pizza familiar”— que llevará a un gran número de votos en blanco o nulo, restando representación democrática. El voto en blanco o nulo podría ser uno de los ganadores.
Respecto a las acusaciones de fraude electoral alertadas por un congresista, Matutti es categórico al descartarlas. El sistema electoral peruano cuenta con garantías de transparencia, con múltiples copias del acta de sufragio entregadas a diversos actores como la Defensoría del Pueblo, la OEA, la Unión Europea, Transparencia y los personeros. El verdadero problema no es la transparencia, sino la forma en que elegimos. El peruano vota más por personas que por partidos o propuestas; la gente vota por la “A” de Acuña, la “K” de Keiko o la “O” por Ollanta, por ejemplo. Esta situación no se va a solucionar en las elecciones de 2026, ya que el Congreso ha precarizado la política nacional.
El abogado recordó que ya no es posible cambiar las normas electorales debido a la inmutabilidad electoral, que impide modificar las reglas un año antes del proceso. Por ello, el sistema democrático fallido que ha llevado a esta crisis no se corregirá para el 2026.
Ante la pregunta de qué mecanismos constitucionales tiene la ciudadanía para frenar esta regresión democrática, Matutti fue directo: hay muy poco por hacer. La recomendación esencial es el voto informado. La ciudadanía también podría impulsar que los colegios de abogados soliciten la expulsión de ciertas normas del sistema, aunque reconoció que el JNE no tiene competencia para expulsar a partidos con cuestionamientos penales.
Matutti sugirió que el JNE aún podría ser más exigente en las fiscalizaciones y requisitos de calificación, haciendo un examen más riguroso de las hojas de vida. Con la estimación de medio millón de candidatos a nivel nacional para las elecciones regionales y municipales, la fiscalización será un reto enorme. Matutti concluyó que el país se encuentra en un punto de inflexión democrática en el año 2026, en un año que es electoral desde ahora con las elecciones internas. La tarea de la ciudadanía es ser más exigente al momento de elegir a quienes les darán las riendas del futuro del país.
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