Carla García, hija del expresidente Alan García, respaldó en Huancayo ley de amnistía que favorece a militares y policías procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Ella es precandidata a la primera vicepresidencia en la fórmula presidencial encabezada por Javier Velásquez Quesquén, quien compite como precandidato en las elecciones internas del Partido Aprista Peruano.
“Yo estoy de acuerdo con la amnistía porque muchos de nuestros militares enfrentaron una guerra desigual y no recibieron el respaldo que merecían”, afirmó durante la presentación de la plancha aprista en la cual participa.
Por su parte, Velásquez Quesquén, exprimer ministro en el segundo gobierno de Alan García, reconoció que comparte la idea de cerrar causas vinculadas a violaciones de derechos humanos, pero consideró que la Ley de Amnistía “no era necesaria”. En cambio, se mostró de acuerdo con la Ley de Prescripción para delitos de lesa humanidad, sobre el cual, dijo, es una salida jurídica “más constitucional, más democrática”.
“Lo que los abogados sabemos es que los jueces hacen el famoso control difuso. Y nos acabamos de enterar que, puesta en vigencia la Ley [de Amnistía] por la señora Boluarte, varios jueces no la han aplicado y eso me parece correcto. Pero además esta ley ha sido recurrida al Tribunal Constitucional que va a determinar si es constitucional o no. Creo que no se necesitaba esta ley“, sostuvo Velásquez.
Sin embargo, ambas normas aprobadas por el actual Congreso y promulgado por la presidenta Dina Boluarte, buscan sustraer de sus responsabilidades penales a militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos, estén investigados o con condenas.
Velásquez y García coincidieron en su argumento de que hay policías y militares que llevan más de 30 años en estos procesos sin sentencia, que incluso por presiones políticas les reabrieron sus procesos, aunque no presentaron casos concretos.
El exprimer ministro, sin embargo, dijo que el actual Congreso no puede iniciar el debate de una eventual salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos en un periodo electoral y ese hecho puede desvirtuar el debate.
Las respuestas de los dos políticos ocurrió al ser consultados sobre el Caso UNCP, cuyo juicio se encuentra en su fase final. La Fiscalía imputa a Ocho altos mandos militares delitos de desaparición forzada, homicidio, secuestro y lesiones en agravio de 68 estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), entre 1989 y 1992. Muchas de las víctimas permanecen en situación de desaparecidos.
Las leyes defendidas por Carla García y Javier Velásquez puede dejar en la impunidad a los militares implicados.
