El juez Jesús Santana Socualaya, del Juzgdo Civil de La Oroya confirmó la medida cautelar que ordena el lanzamiento de las últimas familias que viven en la antigua Morococha, en la provincia de Yauli, y fijó la diligencia de desalojo para este viernes 19 de septiembre de 2025 a las 11:10 a.m.
La resolución habilita el descerraje de las viviendas si fuera necesario, advierte que los enseres serán dejados en la vía pública bajo responsabilidad de los ocupantes y pide la presencia de no menos de 30 policías para garantizar la ejecución.
El juez Santana rechazó la oposición presentada por Elvis Antonio Atachagua Ursua, uno de los últimos ocupantes de la antigua Morococha contra la tutela cautelar que Minera Chinalco Perú obtuvo en junio de este año. El magistrado consideró insuficientes los argumentos sobre competencia judicial y cuestionamientos a la titularidad de la empresa; y ratificó que la medida de desalojo es para evitar un riesgo inminente para los pobladores.
Conflicto no resuelto desde 2012
El conflicto en Morococha se arrastra desde 2012, cuando la minera impulsó el reasentamiento masivo hacia la nueva Morococha, ubicada en la zona de Carhuacoto. Aunque la mayoría aceptó el traslado, varias familias resistieron por desconfianza en las condiciones de la nueva ciudad, como riesgos de licuación, contaminación y falta de trabajo.
Chinalco sostiene que la permanencia de familias en la antigua localidad compromete su seguridad y la continuidad de las operaciones mineras en el proyecto minero Toromocho, dedicado a la extracción de cobre y otros minerales a tajo abierto.
Organizaciones sociales y colectivos ambientales denuncian, en cambio, que la empresa usa procesos judiciales para completar desalojos sin resolver los problemas del reasentamiento.
Actualmente, alrededor de diez familias permanecen en la antigua Morococha pese a la falta de energía eléctrica y soportan las detonaciones de la mina por seguir ampliando el tajo. Soportan, además, un panorama desolador dado que las casas de sus vecinos han sido demolidos para dar paso a la minería.
Frente a este caso, organizaciones han pedido garantías del Estado y medidas para evitar vulneraciones a los derechos humanos, puesto que el Estado debería promover un reasentamiento digno, tras un verdadero proceso de negociación colectiva, pues hasta hoy no se firma el Convenio Marco para el Reasentamiento, documento clave que debió estar zanjado antes del traslado de los pobladores.
El julio, conocida la primera resolución de desalojo, los pobladores interpusieron una medida de oposición, que el juez ha declarado infundado.
Aquí la resolución del juez Jesús Santana
Juez de la Oroya ratifica desalojo de pobladores de la antigua Morococha by Huanca York Times
