El Colegio de Abogados de Junín presentó la tercera demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002, año en que entró en vigencia el Estatuto de Roma y luego la Convención sobre la Imprescriptibilidad de estos crímenes.
El gremio advirtió que la norma aprobada por el Congreso abre un grave camino a la impunidad, pues permitiría anular juicios en curso, como el caso UNCP, cuyo juicio está en su etapa final, y liberar a responsables de violaciones a los derechos humanos. “Los delitos de lesa humanidad no prescriben: el Estado tiene el deber de investigarlos siempre”, subrayó el gremio en su demanda presentada ante el Tribunal Constitucional el pasado 25 de agosto.
En su escrito, firmado por el decano, Cristian Velita, el Colegio plantea la inconstitucionalidad total de la ley o, en su defecto, de los artículos 4 y 5, que establecen que los crímenes cometidos antes del 1 de julio de 2002 prescriben y que nadie puede ser procesado ni sancionado por ellos. Según el gremio:
La norma contradice el ius cogens del derecho internacional, que reconoce la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra sin importar la fecha en que fueron cometidos.
Viola derechos fundamentales como el derecho a la verdad, la dignidad humana, el acceso a la justicia y la obligación del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
Genera impunidad en procesos emblemáticos, entre ellos el caso UNCP, que investiga ejecuciones extrajudiciales en la Universidad Nacional del Centro del Perú durante el conflicto armado interno. Este proceso se encuentra en juicio oral y próximo a sentencia, y podría quedar anulado si la norma se aplica.
Desconoce los compromisos internacionales del Perú y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2024 advirtió que la aprobación de esta ley produciría un “daño irreparable” al derecho de las víctimas a la justicia, como en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
La acción de los abogados de Junín se suma a las dos demandas de inconstitucionalidad ya admitidas por el Tribunal Constitucional. En septiembre de 2024, el Colegio de Abogados de Lima presentó la primera demanda de inconstitucionalidad, alegando que la ley es incompatible con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y en diciembre de ese mismo año, la Fiscalía de la Nación, liderada por Delia Espinoza, interpuso una segunda demanda, alertando que la norma pone en riesgo investigaciones y sentencias vinculadas a graves violaciones de derechos humanos.
En tanto el Tribunal Constitucional aún no debate la constitucionalidad de la Ley 32107, los jueces no la han aplicado y los pedidos concretos serán resueltos al final de cada proceso judicial.
“Una norma que prescribe crímenes de lesa humanidad no fortalece la democracia, la debilita; no protege la dignidad, la niega”, enfatizó el gremio.
Aquí la demanda de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados
Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley 32107 by Huanca York Times
