El juicio por las violaciones a los derechos humanos en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) ingresó a su etapa final, con los alegatos de las partes.
En la audiencia de este viernes, el fiscal especializado en Derechos Humanos, Telmo Michel Morales Cruzado, pidió al tribunal que juzga las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de estudiantes y trabajadores de la UNCP, que inaplique la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso, promulgada luego por la presidenta Dina Boluarte, y condene a prisión a los oficiales del Ejército procesados en este caso.
En este proceso están implicados ocho oficiales de alto rango, acusados de homicidio calificado, desaparición forzada y secuestro agravado en agravio de 68 estudiantes, docentes y trabajadores de la UNCP, entre 1989 y 1992.
“El tribunal debe ejercer control difuso y de convencionalidad… declarar inaplicables estas normas en el caso, porque contravienen los estándares de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional”, sostuvo Morales en audiencia.
El fiscal recalcó que se trata de un deber de justicia hacia las víctimas: “La vida de las personas es imposible de recuperar… Podemos ceñirnos a lo que las víctimas han visto todo este tiempo: justicia”.
Morales también destacó “el valor de la decisión” que adoptará el tribunal, al subrayar que los jueces deben “anteponer cualquier cosa por el respeto pleno a la ley, a los derechos fundamentales y al Estado de derecho”.
25 años de prisión
El Ministerio Público solicitó que se imponga 25 años de pena privativa de la libertad a los acusados Manuel Juan Dillerva Chávez, Luis Manuel Delgado de la Paz, Danilo Nicolás Gonzales Campana, Boris Adolfo Rojas Esquivel y Roboan David Jaime Sobrevilla, quienes fueron responsables de la Tercera Brigada de Infantería de Huancayo, en periodo en que se cometieron los delitos contra la comunidad de la UNCP
El fiscal recordó que otros imputados se encuentran como ausente (Manuel Jesús Delgado Rojas), reo contumaz (Luis Augusto Pérez Documet) o con el proceso reservado (Elías Fernando Espinoza del Valle).
Según Morales, los acusados tenían formación profesional y plena conciencia del valor de la vida, la integridad y la libertad, pero usaron su posición de poder para implementar una estrategia antisubversiva que derivó en graves violaciones a los derechos humanos, afectando a 68 víctimas y a sus familias.
Reparación civil
La Fiscalía solicitó que los acusados, de manera solidaria con el Estado, paguen S/150 mil por cada víctima de homicidio calificado y desaparición forzada, y S/75 mil por cada víctima de secuestro agravado.
En detalle, para homicidio y desaparición, planteó:
Daño emergente: S/25,000
Lucro cesante: S/25,000
Daño moral: S/50,000
Daño a la persona/proyecto de vida: S/50,000
En secuestro agravado:
Daño emergente: S/10,000
Lucro cesante: S/20,000
Daño moral: S/30,000
Daño a la persona: S/15,000
“La indemnización —conforme a la Corte IDH y a los principios de reparaciones a víctimas— comprende el daño físico y mental, pérdida de oportunidades, daños materiales, pérdida de ingresos, perjuicios morales y servicios asistenciales”, explicó Morales, quien pidió un cronograma de pagos con fecha de inicio definida.
Medidas de reparación integral
Morales planteó, además, medidas de rehabilitación como atención psicológica especializada a cargo del Ministerio de Salud, tanto para familiares de las víctimas de homicidio y desaparición, como para sobrevivientes de secuestro y sus deudos.
En cuanto a medidas de satisfacción y garantías de no repetición, pidió:
Publicar la sentencia en el diario oficial El Peruano y en un medio regional de mayor circulación.
Difundir la sentencia a través del rectorado de la UNCP en todos sus medios institucionales.
Que el Ministerio Público y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas realicen investigaciones humanitarias para ubicar restos de las víctimas.
Inscribir los nombres de las víctimas en el memorial El Ojo que Llora y colocar una placa conmemorativa en el Lugar de la Memoria (LUM).
Ofrecer disculpas públicas, en castellano y quechua, en Huancayo, con presencia de familiares y cobertura en medios regionales. “El Ministerio Público también debe ofrecer disculpas”, enfatizó el fiscal.
Finalmente, Morales solicitó investigar la presunta violación sexual contra O.B.G. de Cieza, familiar de una de las víctimas, así como nuevos hechos denunciados durante el proceso.
Decisión clave
“No perdamos la fe y la esperanza en nuestro sistema de justicia”, concluyó Morales.
En los próximos días, el tribunal escuchará los alegatos finales de la parte civil y de las defensas de los acusados antes de emitir sentencia, que podría ocurrir a fines de setiembre o inicios de octubre.
