El Juzgado Civil de La Oroya ordenó el desalojo de las familias que aún permanecen en la antigua ciudad de Morococha, en La Oroya, quienes llevan 13 años de resistencia contra la minera Chinalco, que los presiona para desplazarse. El juez Jesús Santana Socualaya concedió a la empresa una medida cautelar que fija un plazo de seis días para ejecutar el lanzamiento, bajo apercibimiento de uso de la fuerza pública.
La minera busca liberar los terrenos donde viven los comuneros para ampliar sus operaciones a tajo abierto en el proyecto Toromocho, uno de los yacimientos de cobre más grandes del país. En 2012, Chinalco trasladó a la mayoría de pobladores al nuevo centro poblado de Carhuacoto, pero unas diez familias se niegan hasta hoy a abandonar sus viviendas en la antigua Morococha.
Los comuneros aseguran que el riesgo que enfrentan no proviene de desastres naturales, como señala la resolución judicial, sino de las detonaciones mineras. “Nos dicen que es para cuidarnos, pero ¿cómo nos cuidan sacándonos de nuestras casas? El peligro no es natural, es la minera”, cuestiona Yolit Alejo Bonifacio, una de las mujeres de la resistencia.
Elvis Atachagua, otro de los afectados, relató que sobreviven sin energía eléctrica desde noviembre de 2019. “Vivimos con velas, con pequeños paneles portátiles para cargar celulares. No entendemos cómo la empresa habla de reasentamiento voluntario cuando ahora buscan echarnos con orden judicial”, señaló.
El abogado de los comuneros, Carlos Castro Torres, informó que ya interpuso un recurso de oposición. Argumenta que la medida cautelar contradice la Ley 29869, que establece como prioridad el reasentamiento digno en zonas de riesgo no mitigable. “Ese derecho corresponde al Estado, no puede ser impuesto por un privado. Los comuneros han pedido a la municipalidad provincial que active el procedimiento formal de reasentamiento, pero hasta ahora no lo hace”, afirmó.
La antigua Morococha fue declarada en mayo de este año como zona de alto riesgo no mitigable por la municipalidad distrital. Para los comuneros, esa medida refleja más los impactos de la minería que un peligro natural. Denuncian además que la municipalidad de Morococha emitió resoluciones de demolición de viviendas sin tomar en cuenta a las familias que siguen habitando la zona.
El conflicto se arrastra desde hace más de una década. Cuando Chinalco inició el reasentamiento, ofreció viviendas y compensaciones económicas en Carhuacoto, pero no todos aceptaron. Los que se quedaron argumentan que el traslado fue “voluntario y condicionado”, sin un verdadero proceso de negociación colectiva. Hasta ahora no se firma el Convenio Marco para el Reasentamiento, documento clave que sigue en negociación. Por eso, estas familias reclaman que el Estado asuma el proceso de reasentamiento, como lo establece la ley para zonas de riesgo no mitigable.
Chinalco, de capitales chinos, invirtió más de 4,800 millones de dólares en el proyecto Toromocho y lo convirtió en un pilar de la producción de cobre en el Perú. El yacimiento aportó durante varios años para que el país se ubique como el segundo productor mundial del mineral, aunque ahora ocupa el tercer puesto.
Toromocho es uno de los yacimientos más grandes del país, con aproximadamente 1 520 millones de toneladas de mineral que contienen cobre, molibdeno y plata. Desde 2018, Chinalco busca elevar la capacidad anual de producción por encima de las 300 mil toneladas anuales de cobre refinado.
La concesión de Toromocho tiene una vida útil estimada de 32 a 36 años, con operaciones previstas hasta 2049.
Aquí la resolución judicial de desalojo de familias de la antigua Morococha
Resolución Poder Judicial Desalojo de comuneros que resisten a Chinalco by Huanca York Times
