El hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo debió estar terminado en 2022. Pero desde julio de ese año su construcción se encuentra paralizado y la poca infraestructura en construcción quedó prácticamente sumergido bajo las aguas que se acumulan en el terreno pantanoso que ahora ocupa en la urbanización Las Palmeras, en el distrito de Río Negro.
Huanca York Times constató que en las aguas estancadas crecen algas y se han convertido en nido de zancudos y otros insectos que pueden afectar la salud. También es visible las huellas en la maleza de las correntías de agua que generan las características lluvias torrenciales de la selva.
En la parte este del terreno hay una zanja que debería permitir que el agua discurra y evite su ingreso a la zona de las obras, pero no cumple su función, y la humedad ya ha comenzado a debilitar el cerco de rejas azules colocadas en 2019, por el Consorcio Arakaki II, la empresa con la cual la gestión del exgobernador Fernando Orihuela firmó el primer contrato para la construcción de esta infraestructura hospitalaria.
¿Por qué ahora se encuentra en esta situación?
Este hospital, concebido para atender a más de 41 mil personas de la provincia de Satipo, nació en junio de 2016, cuando fue declarado viable por el Gobierno Regional de Junín, con un presupuesto de S/ 101 millones 581 mil. Su construcción estaba prevista en la misma ubicación donde funciona el hospital, en la zona urbana de la ciudad de Satipo, a pocos metros del cementerio general y a unas cuatro cuadras del río Satipo, características que luego fueron invocadas para el cambio de su ubicación.
Dos años después, en abril de 2018, el Gobierno Regional modificó el expediente técnico y actualizó su costo a S/ 113 millones 303 mil.
Al año siguiente, en 2019, el ahora prófugo de la justicia Vladimir Cerrón Rojas regresó al gobierno regional luego de ganar por segunda vez las elecciones regionales del 2018 y comenzó las acciones para cambiar el lugar geográfico de ejecución de la obra hacia el distrito de Río Negro, al ingreso de la provincia de Satipo.
En marzo de 2019, la recién iniciada segunda gestión de Cerrón actualizó el costo de la infraestructura a S/ 117 millones 285 mil y en mayo se firmó el contrato con el Consorcio Arakaki II, por más de S/ 112 millones. Pero el mismo día que debió empezar la obra, todavía en su primer emplazamiento, se suspende por “impedimentos técnicos”: la cercanía a un cementerio y al río, aunque ya contaba con el visto bueno del Ministerio de Salud.
Fernando Orihuela, tras suceder a Cerrón en la gobernación regional en agosto de 2019, fue quien decidió, finalmente, el cambio de ubicación al nuevo terreno y en diciembre de ese año comenzaron los trabajos, la misma que tuvo 12 adendas y cuatro ampliaciones de plazo por la falta de un nuevo expediente técnico apropiado para la nueva ubicación: carencia de habilitación urbana, drenaje para las aguas pluviales, instalaciones de agua potable y energía eléctrica.
En julio de 2022, la misma gestión de Orihuela anuló de oficio el contrato y la obra no puede reiniciarse hasta hoy. Hace un mes, el gobernador Zósimo Cárdenas colocó por tercera vez una primera piedra y hace una semana explotó el escándalo de la adjudicación de esta obra, ahora por S/ 207 millones de soles, a la empresa de Nicole Coca Condori, la joven inexperta de 23 años que también adjudicó obras por S/ 300 millones con el gobierno regional de La Libertad y S/ 22 millones en Loreto.
En tanto, los exgobernadores, Vadimir Cerrón y Fernando Orihuela enfrentan el pedido de nueve años de cárcel por el presunto delito de colusión, al interesarse indebidamente en el cambio de lugar de ejecución de la obra, sin contar siquiera con un nuevo expediente.
