Militares condenados en el Caso Manta y Vilca podrían ser los primeros en pedir aplicación de Ley de Amnistía

Si Boluarte promulga pronto la Ley de Amnistía, los militares condenados por violaciones sexuales en Manta y Vilca podrían solicitarla. Pero hace 20 años los jueces no aplican estas normas a delitos de lesa humanidad, explica Carlos Rivera, abogado experto en derechos humanos.
En junio de 2024, diez militares fueron condenados a cárcel por delito de violación sexual en el caso Manta y Vilca
Percy Salomé
Percy Salomé
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Los diez militares condenados en el caso Manta y Vilca, un emblemático proceso por violaciones a los derechos humanos en Huancavelica durante el conflicto armado (1980-2000), podrían ser los primeros en solicitar la aplicación de la controvertida Ley de Amnistía, aprobada en segunda votación el 9 de julio por la Comisión Permanente del Congreso.

Así advirtió el especialista de derechos humanos, Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). Las mujeres de los poblados de Manta y Vilca fueron objeto de violaciones sexuales por militares de la base contra subversiva del lugar, que fue instalada en la década de los 80 para prestar resguardo de las acciones los grupos subversivos, pero se convirtieron en victimarios de quienes debían proteger. 

La Ley de Amnistía, que beneficia a militares y policías procesados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado, generó el rechazo de las víctimas y sus familiares por la impunidad que asegura la norma. Rivera señaló que el caso Manta y Vilca, con sentencia en junio de 2024 y actualmente en apelación, tiene una audiencia clave en la Corte Suprema el próximo jueves 17 de julio y puede ser en esta ocasión que los militares en retiro pidan beneficiarse de la última Ley de Amnistía

“Si la presidenta Dina Boluarte promulga la ley rápidamente, como sospechamos, los condenados podrían presentar pedidos de amnistía en esa audiencia”, sostuvo Rivera Paz. Estos militares ya habían pedido acogerse a la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad, dada en 2024 por el actual congreso. Este aspecto también será debatido por los jueces.

Cada condenado o investigado debe pedir su amnistía

Una vez que la ley sea promulgada y esté vigente, su aplicación no es automática: Cada condenado debe solicitar individualmente su aplicación ante el Poder Judicial, y los jueces, en audiencias en el cual se escuche al Ministerio Público y a las víctimas, decidirán si les es aplicable, explicó Rivera.

Sin embargo, el abogado señaló que confía en que los jueces, respaldados por 20 años de jurisprudencia y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Barrios Altos, rechazarán estas solicitudes. Además, en varias situaciones, ya han inaplicado la ley de prescripción o lo han dejado para el final de los juicios, como en el Caso UNCP. 

“Ningún juez ha aplicado amnistías en casos de derechos humanos desde 1995. La ley es inconstitucional y contraria al derecho internacional”, aseguró.

Los militares que se beneficiarían en casos de Junín

Rivera, conocido defensor de derechos humanos, criticó la agenda del Congreso, liderada por el fujimorismo y la derecha extrema, que incluye leyes como la prescripción de crímenes de lesa humanidad y las restricciones a las ONGs para patrocinar a las víctimas. “No están peleando contra las ONGs, están liquidando los derechos de las víctimas”, denunció.

En Junín, casos como Manta y Vilca, la Universidad Nacional del Centro (UNCP) y la matanza de Pucará, que involucran a militares, son emblemáticos en la búsqueda de justicia.

Militares sentenciados en el caso Pucará

  • Gral EP (r) Marco Antonio Ramos Cruz
  • Gral EP (r) Manuel Delgado Rojas
  • Gral EP (r) Carlos Bergamino Cruz

Militares sentenciados en el caso Manta y Vilca (en apelación)

A 12 años de cárcel

  • Sabino Valentín Rutti 

A 10 años de cárcel

  • Rufino Rivera,
  • Vicente Yance,
  • Epifanio Quiñones,
  • Amador Gutiérrez,
  • Raúl Pinto,
  • Arturo Simarra
  • Lorenzo Inga

A 8 años de cárcel 

  • Martín Sierra Gabriel y

A 6 años de cárcel

  • Pedro Pérez López

Militares en juicio caso UNCP

  • Manuel Delgado Rojas, comandante general de la 31 Brigada de Infantería de 1989 a 1990.
  • Elías Espinosa del Valle, jefe del Estado Mayor de la 31 División de Infantería, 1990.
  • Luis Pérez Documet, comandante general de la 31 División de Infantería, 1991.
  • Manuel Juan Viller Bachaves, miembro del Estado Mayor, 1991
  • Luis Manuel Delgado de la Paz, miembro del Estado Mayor, 1992
  • Danilo González Campana, G2 de la sección de inteligencia del Estado Mayor, 1992
  • Boris Adolfo Rojas Esquivel, oficial de la 31 División de Infantería, 1992
  • Robuan David Jaime Sobrevilla, comandante general de la 31 División de Infantería, 1993.