El decano del Colegio de Abogados de Junín, Cristian Velita, expresó su rechazo a la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso que beneficia a militares y policías involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos. El letrado calificó la norma como inconstitucional y contraria a los tratados internacionales suscritos por el Perú, advirtió que promueve la impunidad y vulnera el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
Velita señaló que la ley, espera sea observación por la presidenta Dina Boluarte, presenta “elementos gravosos de inconstitucionalidad” y transgrede los tratados internacionales que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. “No se puede justificar esta norma con el pretexto de la paz”, afirmó y recordó que la lucha contra el terrorismo no justifica los excesos y delitos cometidos por agentes del Estado.
El decano hizo hincapié en que esta norma genera un “acto de impunidad y olvido” hacia las víctimas de actos atroces, como torturas y otras violaciones de derechos humanos, y pone en riesgo el derecho de los familiares a conocer la verdad. Citó casos en curso, como el de la Universidad Nacional del Centro (UNCP) y el de la comunidad de Paccha, en El Tambo, para ilustrar cómo la ley podría beneficiar a personas aun bajo investigación, obstaculizando la justicia.
Recordemos que en la década de 1990, el gobierno de Alberto Fujimori otorgó amnistía para militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, pero fue revertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Velita advirtió que esta nueva norma seguirá un camino similar.
“La Corte Interamericana ha establecido que este tipo de normas violentan gravemente la persecución de delitos contra la humanidad”, señaló.
Velita instó a la presidenta Dina Boluarte a observar la ley y devolverla al Congreso. “Si a la presidenta de la República le queda un poco de lucidez y de respeto por las víctimas, no debería promulgar la Ley de Amnistía”, enfatizó.
El abogado reconoció la importancia de la labor de pacificación realizada por las Fuerzas Armadas y Policiales, pero enfatizó que los excesos y delitos cometidos por un pequeño porcentaje de sus miembros deben ser sancionados. “No podemos justificar delitos por la finalidad que se tuvo. La pacificación costó mucho dolor a nuestro país, pero los responsables de los excesos deben responder ante la justicia”, afirmó.
