Una ley de amnistía que libere a violadores de derechos humanos constituye una de las peores ofensas para quienes, durante décadas, hemos exigido verdad, justicia y reparación.
Esta norma, aprobada en primera votación por Pleno del Congreso, beneficiará a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, como secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En la región Junín, tenemos casos emblemáticos como la desaparición de diez comuneros en la Comunidad Campesina de Paccha (1992) y la desaparición de estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), ambos ocurridos en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo.
En el Caso UNCP, son ocho exaltos mandos militares que se encuentran en juicio: Manuel Delgado Rojas (comandante general de la 31 Brigada de Infantería de 1989 a 1990), Elías Espinosa del Valle (jefe del Estado Mayor de la 31 División de Infantería, 1990), General EP Luis Pérez Documet (comandante general de la 31 División de Infantería, 1991), Manuel Juan Viller Bachaves (miembro del Estado Mayor, 1991) Luis Manuel Delgado de la Paz, Danilo González Campana, Boris Adolfo Rojas Esquivel, y Robuan David Jaime Sobrevilla (comandante general de la 31 División de Infantería, 1993).
El clamor de justicia de las víctimas y sus familiares quedarán impune si el Congreso aprueba en segunda votación esta nueva Ley de amnistía, pues ya en la década de 1990 intentaron con un perdón para violadores de derechos humanos.
Se trata, además, de una ley con nombre propio. Su verdadero objetivo es beneficiar a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa investigados y procesados por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y el año 2000. Esta iniciativa busca dejar impunes los actos más atroces cometidos por agentes del Estado en nombre de la lucha contrasubversiva.
De acuerdo con el derecho internacional, las amnistías en casos de violaciones a los derechos humanos suponen una renuncia del Estado a su deber de investigar, juzgar y sancionar estos crímenes. Esto equivale a promover la impunidad y perpetuar el sufrimiento de las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas.
Pretender borrar la historia y perdonar a los responsables de crímenes atroces mediante una ley es una vergüenza nacional. Exigimos que el Estado peruano cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice justicia para todas las víctimas del terrorismo de Estado. ¡Nunca más impunidad en nombre de la reconciliación!
