Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del conflicto armado interno denunciaron que la ley de amnistía aprobada en primera votación por el Congreso de la República beneficiará a más de 700 militares y policías investigados, procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad. La medida, según alertaron, anularía al menos 156 sentencias firmes y detendría más de 600 procesos judiciales en curso.
“La norma es absolutamente extensiva, casi idéntica a la ley de 1995. Todos los implicados van a pedir acogerse”, advirtió Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). Señaló además que, con la reducción del umbral de edad de 80 a 70 años para acceder a la amnistía humanitaria, la mayoría de los acusados, incluidos altos mandos militares, quedarían exentos de responsabilidad penal.
Por su parte, la excongresista Tania Pariona, vocera de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), indicó que el universo afectado incluye más de 750 casos en total. “Esto representa un retroceso sin precedentes. Se está premiando con impunidad a quienes cometieron asesinatos, desapariciones y violaciones sistemáticas”, afirmó.
Entre los beneficiarios de la ley de amnistía están condenados por algunas de las violaciones más graves de la historia reciente del Perú, entre ellos Nicolás Hermoza Ríos, excomandante general del Ejército (caso Accomarca), Santiago Martín Rivas, jefe del grupo Colina (Barrios Altos y La Cantuta).
También Vladimiro Montesinos, exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Víctor Peña, oficial implicado en el asesinato de la periodista Melissa Alfaro, y Juan Rivero Lazo, ya excarcelado, miembro del grupo Colina.
Además, 33 oficiales de la Marina enfrentan juicio por la masacre en el penal El Frontón y hay cientos de procesos activos por crímenes cometidos en bases como Los Cabitos, Villa Canaria; además del caso UNCP, en Huancayo.
En 1995 hubo una ley de amnistía
La iniciativa aprobada por el Congreso recuerda a las leyes de amnistía de 1995, dictadas en el régimen de Alberto Fujimori, que dejaron impunes a autores de crímenes como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. En 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró esas leyes como incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que permitió la reapertura de los juicios.
Esta nueva ley sigue aquel patrón, pero ahora con mayor cobertura y con una amenaza adicional: la posible salida del Perú del sistema interamericano.
“El Congreso está ejecutando una ofensiva legal para garantizar impunidad estructural: primero intentaron prescribir crímenes de lesa humanidad, luego criminalizar a las ONG, y ahora quieren borrar décadas de lucha con esta ley de amnistía”, denunció el abogado Carlos Rivera, reconocido defensor de derechos humanos.
