Existe un acuerdo de algún sector del Congreso que, en una esquizofrénica idea, piensa en restablecer un presunto “equilibrio” que los coloque nuevamente en una posición de monopolio (político y económico) que consideran les fue arrebatada desde el gobierno de Martin Vizcarra y “los caviares”. Y claro, el fujimorismo, tras las sombras, digita todo ello. Puede ser que no presenten las iniciativas legislativas; empero, son lo más entusiastas en aprobar con sus votos en las comisiones y en el Pleno. Así, ante las repercusiones mediáticas, dirán que no tienen ningún interés. Pero todos sabemos que por sus votos los conoceréis.
La inmunidad parlamentaria es un asunto que interesa. El 20/5/2025, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 05652 y 08907, que buscan restablecer la inmunidad parlamentaria. ¿Quiénes propusieron dichas iniciativas legislativas?
| Proyecto | Fecha | Autoría |
| 05652/2023 | 02/08/2023 | Wilson Soto (Acción Popular) |
| 08907/2024 | 13/09/2024 | José Balcázar (Perú Libre) |
Antes del 2021, no era posible detener (inmunidad de arresto) o llevar a la cárcel (inmunidad de proceso) a un congresista, si este cometía un delito antes o estando en el cargo, salvo con autorización del propio Congreso.
El 6/2/2021 se publicó la ley 31118, que eliminó la inmunidad parlamentaria. Es decir, en la actualidad los congresistas ya no están protegidos de ser procesados o detenidos por delitos comunes durante su mandato. Justamente este Congreso plagado de investigados por crimen organizado, lavado de activos, minería ilegal, corrupción, etc., pretende volver a un régimen de impunidad.
Veamos los argumentos jurídicos y políticos en contra de la inmunidad parlamentaria:
ARGUMENTOS JURÍDICOS |
Facilita la impunidad y obstaculiza la Justicia. Limita al sistema judicial para investigar, procesar y sancionar oportunamente a legisladores involucrados en delitos comunes. |
Incoherencia constitucional. Contradice la reforma constitucional recientemente aprobada que instauró el sistema bicameral, la cual incorporó restricciones a la inmunidad parlamentaria para garantizar un equilibrio entre protección legislativa y responsabilidad penal. |
Desnaturaliza el sistema de pesos y contrapesos. Se vulnera la independencia judicial y la función de control disciplinario de órganos autónomos, permitiendo que autoridades con inmunidad actúen sin rendir cuentas. |
Falta de procedimientos efectivos para el levantamiento de la inmunidad. A diferencia de países con prácticas democráticas consolidadas, el proyecto podría permitir el blindaje absoluto para legisladores sospechosos de delitos graves. |
ARGUMENTOS POLÍTICOS |
Pérdida de confianza ciudadana e incremento de la crisis institucional. La inmunidad extendida alimenta la percepción de que los congresistas están por encima de la ley. Esto genera mayor desconfianza en las instituciones y exacerba la crisis política. |
Instrumentalización política y defensa de intereses particulares. La iniciativa se interpreta como un intento de protección política para preservar privilegios, en detrimento de la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. |
Debilitamiento del control democrático y la gobernabilidad. La inmunidad sin controles adecuados limita la fiscalización efectiva del poder legislativo y reduce la responsabilidad política y legal de los congresistas. |
Desconexión con la opinión pública. Numerosas expresiones ciudadanas se oponen a la inmunidad parlamentaria, por ser visto como un blindaje legal para legisladores. |
Entonces, en un contexto de deterioro institucional, falta de legitimidad y falta de compromiso en la lucha contra la corrupción y el crimen (organizado en especial), restablecer la inmunidad parlamentaria en los términos propuestos por los proyectos 5652 y 8907 representa un grave retroceso jurídico y político. Es necesario mantener la regulación actual que limita la inmunidad parlamentaria, garantizando así un equilibrio adecuado entre la protección de la función legislativa y la responsabilidad penal de los congresistas. Toda reforma debería promover la transparencia, la justicia y la confianza ciudadana, pilares esenciales para la estabilidad y gobernabilidad democrática del Perú.
