El asesor legal de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Octavio Cartagena Vallejo, explicó a Huanca York Times que el informe jurídico que elaboró y lo presentó ante al despacho del rector, Amador Vilcatoma, concluye que debe ser rechazado el pedido del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de ser reincorporado como docente de dicha casa de estudios.
En su informe, la oficina de asesoría legal de la UNCP concluye que la destitución de Vladimir Cerrón como docente auxiliar en la Facultad de Medicina Humana, en diciembre del 2020 es un acto administrativo firme que no fue apelado a tiempo, y su inhabilitación para ocupar cargos públicos sigue vigente.
Cerrón fue destituido de la UNCP, basado en la condena que en 2019 recibió por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo por el caso La Oroya. La Ley Universitaria 30220 y el Estatuto de la UNCP establecen que una condena por delito doloso conlleva la destitución automática de un docente universitario.
En 2025, el Tribunal Constitucional anuló las sentencias penales de 2019 que condenaban a Vladimir Cerrón y ordenó un nuevo juicio. Con este fallo, el 31 de marzo de 2025, Cerrón solicitó a la UNCP que anulara su destitución y lo reincorporara como catedrático, argumentando que, al no existir una condena firme, su separación del claustro universitario carecía de sustento legal.
Pero la Oficina de Asesoría Jurídica de la universidad considera que esta solicitud no procede porque la resolución de destitución de 2020 no fue impugnada por Vladimir Cerrón dentro del plazo de 15 días establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo General, lo cual convirtió esta medida en un “acto firme”, es decir, una decisión administrativa definitiva que no puede ser cuestionada, indica el informe.
Un segundo motivo es que la sanción de destitución permanece inscrita en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC), gestionado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), lo que prohíbe a Cerrón ocupar cualquier cargo público, incluyendo el de docente universitario, hasta que la sanción sea levantada.
El informe también señala que Cerrón enfrenta una orden de prisión preventiva de 24 meses por el caso Los Dinámicos del Centro, una investigación sobre presuntos aportes ilícitos al partido Perú Libre; proceso que junto con su condición de prófugo de la justicia, refuerza los obstáculos para su reincorporación.
La UNCP enfatiza que su decisión respeta el principio de legalidad, que obliga a las instituciones públicas a actuar únicamente conforme a lo que la ley permite. Por ello, mientras la inhabilitación de Cerrón permanezca vigente y su situación judicial no se resuelva, no hay fundamento legal para permitir su regreso a la docencia.
Ahora, con el informe legal en sus manos, el rector Amador Vilcatoma debe emitir un pronunciamiento sobre el pedido de Cerrón, quien puede apelar o acudir al Poder Judicial.
