Las gerencias de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de 24 gobiernos regionales del Perú emitieron un pronunciamiento conjunto en el que rechazan las recientes decisiones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Acusan a la entidad de interferir en sus competencias para establecer nuevas Áreas de Conservación Regional (ACR), al sostener que estas no pueden crearse cuando se superponen con ecosistemas frágiles, una interpretación que consideran equivocada y perjudicial para los esfuerzos de conservación.
“Rechazamos las afirmaciones del Serfor, expresadas por escrito, que presentan a las áreas naturales protegidas como figuras de conservación contrarias a la protección de los ecosistemas frágiles”, señalaron en el comunicado.
Esta reacción se da luego de que un informe de Inforegión revelara que, el pasado 28 de abril, el Serfor derogó una norma que permitía establecer áreas naturales protegidas, como las áreas de conservación regional (ACR), sobre territorios previamente reconocidos como ecosistemas frágiles. Esta disposición formaba parte de los Lineamientos para la Identificación de Ecosistemas Frágiles y había sido clave para viabilizar iniciativas de conservación lideradas por gobiernos regionales, pueblos indígenas y comunidades locales. La resolución fue publicada en el diario El Peruano con el argumento de “garantizar la gestión integral de los ecosistemas frágiles sectoriales”. No obstante, su implementación afecta directamente el avance de doce propuestas de ACR que actualmente se superponen a ecosistemas frágiles en siete regiones: Loreto, Pasco, Tacna, Huánuco, Junín, Ucayali y Amazonas. Estas iniciativas buscan proteger bosques primarios, páramos, punas andinas, lomas costeras y fuentes de agua.
Una medida que detiene procesos en marcha
La decisión del Serfor ha sido interpretada como un retroceso en la política de conservación del país. Según señalaron expertos y autoridades regionales esta norma permitía avanzar en el reconocimiento legal de territorios con alto valor ecológico y cultural. Cabe señalar que incluso antes de la derogación, el Serfor ya había utilizado el argumento de la “fragmentación del ecosistema frágil” para bloquear el establecimiento del ACR Medio Putumayo Algodón, en Loreto, una iniciativa cuenta con más de ocho años de trabajo participativo junto a comunidades indígenas y asistencia técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), del Ministerio del Ambiente.
Pronunciamiento ante un acto “irregular”
En este contexto, las gerencias de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de los gobiernos regionales, reunidas durante el primer Encuentro Nacional de Gerentes Ambientales Regionales, decidieron pronunciarse ante lo que califican como una acción irregular. El encuentro se realizó el 15 de mayo en la ciudad de Arequipa, fecha en la que se emitió el pronunciamiento en el que acusan al Serfor y, por extensión, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), de actuar fuera del marco normativo.
“Demandamos al Gobierno Central, con carácter de urgencia, el cese de las observaciones a los procesos de establecimiento de ACR en ecosistemas frágiles por parte del Midagri a través del Serfor ya que está incurriendo en acciones fuera de la ley, desnaturalizando su propia normativa sectorial y vulnerando las competencias de otros niveles de gobierno”, exigieron.
Además, afirman que se está vulnerando la Constitución, que les otorga autonomía para promover políticas ambientales en sus jurisdicciones.
Ecosistemas frágiles vs. ACR: ¿Cuál es el dilema?
La principal justificación del Serfor es que superponer un ACR sobre un ecosistema frágil lo fragmentaría y dificultaría su gestión integral. Pero los gobiernos regionales rechazan esta interpretación. “Las Áreas de Conservación Regional no resultan incompatibles con los ecosistemas frágiles, más aún que varios de estos últimos se identificaron como tales para luego ser propuestos como ACR”, sostienen en el pronunciamiento. Por el contrario, argumentan que los ecosistemas frágiles deberían ser una herramienta previa o un insumo técnico para identificar territorios que requieren mayor protección. Señalan que la postura del Serfor en contra de las ACR desconoce que estos territorios, debido a sus características de endemismo, amenaza y fragilidad, deben ser protegidos bajo las categorías o figuras de conservación más adecuadas que contempla el ordenamiento jurídico peruano, es decir, las áreas naturales protegidas:
“Pretender que con los ‘ecosistemas frágiles’ se podría otorgar un nivel igual o mejor de protección que un ANP, implica un desconocimiento de la normativa y herramientas de gestión efectiva de las ANP en el territorio”.
Asimismo, cuestionan que el Serfor asuma funciones que no le corresponden, como bloquear la creación de ACR, figura que, según la Ley de Áreas Naturales Protegidas, corresponde a los gobiernos regionales con coordinación del Sernanp.
Federaciones indígenas también alzan la voz
El malestar frente a esta medida no se limita a los gobiernos regionales. El 14 de mayo, un día antes del pronunciamiento regional, Inforegión publicó un informe que señala que seis federaciones indígenas de Loreto, entre ellas FECONAFROPU, FECONAMAI y OIMPRA, remitieron un memorial a las más altas autoridades del país. En el documento expresaron su rechazo a la actuación del Serfor, al que también señalan de obstaculizar el reconocimiento de territorios comunales que buscan conservar.
Serfor se defiende
El 15 de mayo, horas antes del pronunciamiento regional, el Serfor publicó una nota de prensa en la que intenta justificar su decisión y da algunas noticias. Primero señala que “reforzará la administración de los ecosistemas frágiles que conforman la Lista Sectorial en todo el país”. Luego, hace una mención a las ACR que, según la nota, “son administradas sólo por los Gobiernos Regionales (GORE)”, a diferencia de los ecosistemas frágiles, que pueden ser gestionados también por comunidades, gobiernos locales y privados. Sin embargo, expertos en legislación ambiental cuestionan este argumento, recordando que las ACR no son gestionadas exclusivamente por los GORE, sino de manera articulada con múltiples actores, incluyendo comunidades locales, el Sernanp, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, cooperantes internacionales e, incluso, empresas privadas. Por ello, aunque la administración formal de las ACR corresponde a los Gobiernos Regionales, su gestión práctica es un esfuerzo conjunto que busca integrar distintos niveles y sectores para garantizar la conservación efectiva. Finalmente anuncian que el Serfor “ha gestionado su registro provisional en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (Sinabip) y está en proceso la carga registral ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)”.
¿Cuál es el próximo escenario?
Los gobiernos regionales advierten que “no corresponde al Serfor cuestionar las decisiones sobre el establecimiento de áreas protegidas, ni sobre las competencias y funciones forestales correspondientes a los gobiernos regionales”, pues eso vulnera el proceso de descentralización y debilita la gobernanza ambiental.
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