La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) programó para la semana entrante el 176° Periodo de Sesiones Ordinarias, en Guatemala. La jornada incluye una audiencia por el caso de Celia Ramos Durand, mujer peruana que murió en 1997 tras ser sometida a un procedimiento de esterilización forzada, en el marco de una política impuesta por el régimen del fujimorismo.
La audiencia en el caso Celia Ramos fue programada para el jueves 22 de mayo, a horas 10 de la mañana (9:00 a.m. en Guatemala). La ciudadanía podrá seguir su desarrollo en forma virtual.
Celia Ramos Durand, natural de Piura, tenía 34 años cuando acudió a un establecimiento de salud por una atención general. Sobre la marcha, el personal del puesto la visitó en forma reiterada y le ofreció información incompleta e imprecisa, con el fin de someterla a un procedimiento de ligadura de trompas, sin cumplir con el derecho al consentimiento libre e informado.
Durante la intervención, Celia Ramos presentó un paro respiratorio. El personal del puesto médico carecía de recursos y capacidad adecuada para atenderla. Celia falleció a los 19 días.
Desidia del Estado peruano
El caso de Celia Ramos fue presentado por la organización peruana Demus ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010. En el año 2021 se emitió el Informe de Fondo que declara la responsabilidad del Estado peruano por la violación de sus derechos y recomienda adoptar medidas de reparación y no repetición.
En el ámbito interno, el Estado peruano no atendió la decisión de la CIDH. Por tal motivo, esta instancia derivó el caso a la Corte IDH, en junio de 2023. Sobre la marcha, las organizaciones internacionales CEJIL y el Centro de Derechos Reproductivos se sumaron a la representación del caso.
Demus, CEJIL y el Centro de Derechos Reproductivos explicaron que el objetivo de esta audiencia y del litigio es que la Corte establezca la responsabilidad del Estado peruano por estos hechos, considerados como un crimen de lesa humanidad. Agregaron que esperan que la sentencia de la Corte permita hacer justicia y garantizar reparación para miles de víctimas y sus familias, así como para las sobrevivientes que aún sufren las devastadoras consecuencias de estos procedimientos.
Violencia reproductiva
Carmen Cecilia Martínez, directora de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Estados Unidos, recalcó que el Estado peruano incumplió con su deber de garantizar justicia y reparación a miles de mujeres sometidas a esterilizaciones forzadas, entre ellas Celia Ramos. “Ninguna persona debe ser presionada para tomar decisiones personalísimas, menos aún en ausencia de información plena y servicios de salud adecuados”, subrayó.
“Cuando un Estado priva a una mujer de su autonomía reproductiva, perpetúa una discriminación histórica basada en estereotipos de género. El derecho a tomar decisiones informadas sobre nuestros cuerpos no es secundario, hace parte esencial de nuestra libertad. Hoy, Celia representa la posibilidad de justicia para todas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos una decisión trascendental: reconocer la violencia reproductiva. Nombrarla es el primer paso para repararla y evitar que se repita”, subrayó la especialista.
