Este martes 22 de abril, el juez Wilder Camarena Madrid, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Funcionarios, rechazó el pedido de prisión preventiva contra dos policías acusados de extorsionar al administrador del night club ‘Pecados’, en Huancayo. Según la denuncia, los agentes exigieron S/10 mil para no formalizar una intervención. A pesar de los indicios presentados por la Fiscalía, el magistrado dispuso comparecencia para los investigados, mientras el proceso continúa en etapa preliminar.
Intervención irregular
Todo comenzó la mañana del viernes 18 de abril, cuando el administrador del local, ubicado en el Jr. Junín 176, denunció que policías vestidos de civil ingresaron de forma abrupta, alegando que atendían una denuncia por robo. Luego, según su testimonio, los agentes derivaron la intervención a una supuesta investigación por prostitución clandestina.
Pedro Anthony Quispe Baltazar, jefe del grupo que realizaba la intervención, y Kevin Kenyo Contreras Vilca, también de la misma unidad, habrían exigido S/10 mil al administrador, identificado como Erick, para evitar una denuncia penal y liberar a las personas intervenidas. Según el agraviado, al negarse a entregar el dinero, fue intimidado y conducido a la comisaría en un patrullero, mientras otro agente desconectaba la cámara de seguridad.
Ya en la dependencia policial, los agentes reiteraron la exigencia de dinero. En un momento, incluso lo hicieron en el patio, frente a una imagen de Santa Rosa de Lima. Luego de varias conversaciones, acordaron reducir el monto a S/5 mil, según el testimonio de Yudki, esposa del administrador, quien fue la encargada de conseguir el dinero. Mientras salía del lugar, contactó a su abogada, quien le recomendó tomarle fotos a los billetes antes de entregarlos. Fue entonces que se formalizó la denuncia ante la Policía Anticorrupción.
De acuerdo con la investigación, cuando Yudki volvió con el dinero, este fue colocado en un sobre blanco y entregado al suboficial Franchesco Sebastián Calderón Zúñiga, quien salió de la comisaría con el sobre. Solo se le habían entregado mil soles.
La abogada de la denunciante se presentó en la comisaría para exigir la devolución del dinero. Los policías implicados intentaron justificar el operativo como un “control de identidad” y no como una intervención penal. El comisario de Huancayo, comandante PNP David Walter Ramírez Panta, intervino en ese momento. Minutos después, llegaron agentes de la Policía Anticorrupción, pero Calderón ya se había retirado.
Investigación en curso
Para el Ministerio Público, Quispe Baltazar y Contreras Vilca son los principales responsables del presunto delito de cohecho pasivo impropio. Ambos fueron detenidos de manera preliminar y presentados ante el juez con un pedido de prisión preventiva por nueve meses. Sin embargo, el magistrado Camarena Madrid desestimó el requerimiento y dispuso que sigan el proceso en libertad.
Calderón, el agente que habría recibido el sobre con el dinero, no fue detenido y estuvo no habido por algunos días. Sin embargo, se reincorporó a su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Otros dos policías del mismo grupo han sido citados a declarar como parte de las diligencias.
Comisario: intervención no fue ordenada
En su declaración ante el Ministerio Público, el comisario Ramírez afirmó que no autorizó la intervención en ‘Pecados’. Indicó que los agentes participaban en un operativo dentro del plan ‘Impacto 2024’ y que ese día él se encontraba en el anexo de Acopalca. También señaló que fue informado únicamente de un control de identidad. Sugirió a los denunciantes formalizar su acusación si consideraban que hubo irregularidades.
Según la Policía Anticorrupción, si la abogada no hubiese intervenido ni exigido al comisario, ellos habrían llegado de sorpresa y detenido a los policías con el dinero en la mano. “El hecho de pedir los mil soles los alertó”, dijo una fuente.
Cámaras inoperativas desde noviembre
Otro aspecto relevante es que las seis cámaras de seguridad de la comisaría de Huancayo están inoperativas desde noviembre del año pasado. De haberse registrado el hecho delictivo, el resultado habría sido otro. El comisario dijo que intentó contactar a la empresa responsable del sistema sin obtener respuesta. Técnicos de la Región Policial Junín verificaron que el software Wisenet Wave no estaba enlazado al sistema de grabación NVR, lo que impide ver las imágenes o acceder a grabaciones.
Aunque la Fiscalía presentó testimonios, indicios de coordinación entre los agentes y evidencia de la entrega del dinero, el juez Camarena Madrid concluyó que no se cumplían todos los presupuestos para dictar prisión preventiva. El proceso sigue abierto y bajo investigación.
