El pasado 7 de abril, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por el fujimorismo, aprobó por mayoría el dictamen del PL 9938/2024-CR. Aunque se presentó como una modificación de forma, se trata en realidad de un cambio de fondo con graves consecuencias jurídicas y políticas. La propuesta reemplaza la palabra “congresista” por “acusado” en el literal i del artículo 89 del Reglamento del Congreso, habilitando así la suspensión de altos funcionarios —como jueces y fiscales supremos, el Defensor del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, Contralor General, ministros— que enfrenten una acusación penal dentro del procedimiento de antejuicio político.
Desde el 2007, esta disposición ha sido aplicada exclusivamente a congresistas. Con la modificación, el Congreso podría suspender a cualquier alto funcionario con una mayoría simple (50 votos). A diferencia del juicio político —donde se requiere una mayoría calificada de 2/3 para destituir o inhabilitar—, el antejuicio solo exige mayoría legal, lo que convierte esta herramienta en un arma política de fácil activación para bloquear o remover a autoridades incómodas.
“No estamos frente un cambio menor. Es un paso más hacia la consolidación de un régimen autoritario parlamentario”
Los primeros objetivos ya están identificados: los fiscales supremos. Esta reforma se aprueba justo cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales diera luz verde a una denuncia contra la Junta de Fiscales Supremos, promovida por el congresista Fernando Rospigliosi, actual presidente de la Comisión de Constitución. El objetivo: evitar el fracaso legislativo del pasado, como ocurrió con la Junta Nacional de Justicia, cuya remoción no logró reunir los votos necesarios.
Aunque es posible cuestionar jurídicamente esta reforma, el Tribunal Constitucional elegido por este mismo Congreso hace improbable una revisión imparcial. De hecho, el TC ya ha avalado maniobras legislativas irregulares, debilitando gravemente el equilibrio de poderes.
En conclusión, no estamos frente un cambio menor. Es un paso más hacia la consolidación de un régimen autoritario parlamentario, con Dina Boluarte como aliada o cómplice funcional. Este cambio al Reglamento del Congreso revela una estrategia sistemática de control institucional, que busca someter al sistema de justicia mediante la amenaza de suspensiones arbitrarias. En este nuevo escenario, todo alto funcionario que incomode al régimen puede ser “congelado” por decisión política, sin defensa efectiva y sin garantías.
