En medio de la crisis de la inseguridad que golpea al país y las normas del Congreso que debilitan la lucha contra la criminalidad, el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, hizo un llamado a los poderes del Estado para que prioricen la autocrítica y dejen de evadir sus responsabilidades en la lucha contra la inseguridad.
Cuba Rivera, quien también preside la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), utilizó una metáfora bíblica para exigir responsabilidad. “En Semana Santa, nos preguntamos cómo actuar con humildad. Pues bien, es momento de que cada actor político, cada poder del Estado, recapacite sobre sus propias acciones. Esto no exceptúa a nadie. Para salir adelante, primero debemos ver la paja en nuestro ojo antes de mirar la del ajeno”, dijo.
El burgomaestre criticó la ausencia de consensos entre los poderes Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial para implementar políticas integrales contra la inseguridad.
Pero evitó pronunciarse sobre el papel del Parlamento, cuyas leyes debilitan la persecución del crimen, una de ellas aprobada el último jueves, sobre la extinción de dominio, que ahora pide sentencia firme para que las bandas criminales puedan perder sus propiedades obtenidas con dinero ilícito.
Cuba sostuvo que es importante asignarle recursos a la Policía, como infraestructura, vehículos y otros.
¿Cuáles son las leyes que afectan la lucha contra el crimen?
Hasta el momento, el Ministerio Público señaló las siguientes leyes como contrarias a la lucha contra la delincuencia.
Ley 32107: Crímenes de Lesa Humanidad. Establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad ejecutados antes del 1 de julio de 2002 y afecta diversos procesos de Derechos Humanos.
Ley 31990: Colaboración Eficaz. Esa norma limita el tiempo para corroborar la información proporcionada por colaboradores eficaces. Obstruye la investigación de delitos complejos y graves.
Ley 32181: Eliminación de la detención preliminar para policías que utilizan sus armas de fuego causando lesiones o muerte. Restringe la capacidad de acción de los fiscales en investigaciones delicadas y va en contra del principio de igualdad ante la ley.
Ley 31751: Reducción de plazos de Prescripción. Modifica el Código Penal y el Nuevo Código de Procesal Penal. Reduce el plazo de la suspensión de la prescripción a un año.
Ley 32108: Ley contra el Crimen Organizado. Introduce categorías adicionales para sancionar grupos delictivos. La ley agrega que la organización criminal debe tener como finalidad obtener el control de una economía o mercado ilegal, con el objetivo de obtener beneficios económicos, con lo cual complica la tipificación y sanción de estos grupos y afecta las investigaciones al requerir la presencia de un defensor público en los allanamientos.
Ley 32182: Sanciones para Fiscales y Jueces. Modifica las leyes de la Carrera Fiscal y Judicial. Penaliza las acciones de fiscales y jueces sin respetar sus criterios legales, buscando intimidar al sistema de justicia.
