Comunidades del Canipaco exigen renuncia del director de Agricultura por demoras en titulación de tierras

Tras 36 años de espera desde la disolución de la SAIS, cuatro comunidades del Canipaco demandan celeridad en el saneamiento de los terrenos que les corresponde. Director Jaime Aquino se comprometió a presentar los expedientes ante la Sunarp este miércoles.
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Percy Salomé
Percy Salomé
psalome2003@gmail.com
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Las comunidades campesinas de Chongos Alto, Llamapsillón, Palaco y Palmayoc, ubicadas en la cuenca del Canipaco, marcharon este lunes hacia la Dirección Regional de Agricultura Junín para exigir la renuncia del director Jaime Aquino Aquino, por las demoras en el proceso de titulación de sus tierras, que ya lleva 36 años, desde su separación de la Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS) Cahuide, en 1989.

La presidenta de la comunidad de Chongos Alto, Luz Goyzueta, explicó a Huanca York Times que el actual director regional de Agricultura, Jaime Aquino, tiene conocimiento de los problemas de titulación de estas comunidades, porque es funcionario del sector desde la reforma agraria, la disolución de las SAIS, pero no acelera el saneamiento físico legal de las tierras comunales.

Más aún, dice Goyzueta, si desde diciembre de 2024 existe un informe en la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, con las delimitaciones realizadas en campo.

Tras la marcha, las autoridades de la DRAJ y el Gobierno Regional sostuvieron una reunión con los representantes de las comunidades, y se comprometieron a presentar los expedientes técnicos ante la Superintendencia de los Registros Públicos (Sunarp) este miércoles 9 de abril.

Aunque los comuneros desconfían de estas promesas. “Siempre nos dicen lo mismo, pero no vemos resultados. Queremos hechos, no palabras”, señalaron.

En la Década del 70, con la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, se crearon las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS). En Junín, varias de estas empresas comunales, como la Cahuide, colapsaron en las décadas de 1980 y 1990, algunas destruidas por Sendero Luminoso en el conflicto armado interno. Tras su disolución, las tierras quedaron en un limbo jurídico, y las comunidades campesinas luchan por obtener títulos de propiedad.

“Si el director incumple su palabra, volveremos a marchar para exigir su renuncia”, advirtió Goyzueta. Cada una de las comunidades  reclaman la titulación de aproximadamente 5, 400 hectáreas.