Una nueva movilización social ha vuelto a poner en el centro del debate nacional la situación de las comunidades de Espinar y su compleja convivencia con la actividad minera. Espinar (Cusco) tiene una historia marcada por movilizaciones, mesas de diálogo inconclusas, proyectos de expansión minera, impactos ambientales y a la salud, así como significativas inversiones económicas.
La interpretación del conflicto varía según el lente con que se observe. Para medios como Rumbo Minero, las protestas comunales y los bloqueos de vías amenazan un proyecto de expansión valorizado en 1,800 millones de dólares. Para las comunidades afectadas, en cambio, lo que está en juego es el respeto a sus derechos: exigen la nulidad de la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), una consulta previa real y la implementación de un plan integral que atienda los impactos acumulados. Demandas que pueden parecer reiterativas, pero que tienen un trasfondo profundamente estructural.
A continuación, se presentan cuatro claves para entender el actual escenario de protesta:
1. Nulidad del MEIA y exclusión social en el proceso participativo
Una de las principales exigencias de las comunidades es la nulidad de la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco. Este instrumento de gestión ambiental fue presentado por primera vez en 2019, pero su proceso se suspendió temporalmente por no haber culminado adecuadamente las etapas de validación social y técnica.
Cinco años después, la empresa Antapaccay volvió a presentar un segundo MEIA, esta vez elaborado por la consultora AtkinsRéalis. SENACE otorgó solo 15 días para que la población presentara observaciones en el marco de la participación ciudadana, plazo que culminó el 27 de febrero.
¿Por qué es tan controversial este instrumento técnico? Desde el aspecto ambiental, el MEIA omite información clave como la actualización del caudal ecológico, justificando que la línea base del 2019 aún es válida. Asimismo, varios puntos de monitoreo carecen de justificación metodológica clara y los planes de mitigación y compensación ambiental no detallan los impactos sobre componentes críticos como suelo, agua, flora y fauna.
La delimitación del Área de Influencia Ambiental Directa también ha sido cuestionada, ya que solo considera a algunas comunidades, a pesar de que estudios oficiales demuestran que el impacto territorial es más amplio.
Desde lo social, el MEIA presenta graves vacíos: los talleres de socialización no contaron con la participación efectiva de comunidades clave, no se proponen estrategias robustas de gestión social y, lo más preocupante, el propio estudio de línea base social reconoce una alta significancia de impactos percibidos por la población.
2. Impactos acumulados sin reparación
El segundo eje de la protesta gira en torno al impacto ambiental acumulado. La empresa busca ampliar sus operaciones, pero sin reconocer que sus actividades previas han generado daños a la calidad ambiental del territorio. En 2022, el OEFA desarrolló un Estudio Ambiental de Causalidad, que confirmó la existencia de estos impactos y respaldó técnicamente los reclamos de las comunidades.
En respuesta, las comunidades exigen la implementación de un plan integral de reparaciones. Este pedido ya fue reconocido en la Resolución Ministerial 174-2020-PCM [1], que conformó una comisión multisectorial encargada de proponer acciones frente a los pasivos ambientales. Sin embargo, las recomendaciones emitidas quedaron sin implementación. No ejecutar estas medidas representa una forma de perpetuar la impunidad ambiental.
“La legitimidad del proceso (de consulta previa) está en duda, ya que no hay evidencia de un consentimiento libre, previo e informado”.
3. Consulta previa sin legitimidad social
El tercer reclamo se relaciona con la consulta previa y su adecuada aplicación conforme al Convenio 169 de la OIT. Aunque el MINEM ha reportado reuniones con la empresa Glencore para informar sobre avances en la implementación de la consulta, el proceso no cuenta con el respaldo pleno de las comunidades afectadas. La legitimidad del proceso está en duda, ya que no hay evidencia de un consentimiento libre, previo e informado.
4. Cambios operativos sin consulta: planta de óxidos
La cuarta demanda gira en torno a la planta de óxidos de la empresa minera, ya en operación. Las comunidades afirman que debieron ser consultadas previamente debido a los impactos ambientales que esta genera.
Desde una perspectiva económica, la activación de la planta de óxidos aumenta la producción y la eficiencia del proyecto. Sin embargo, en términos ambientales, estos cambios exigen planes más sólidos de mitigación y compensación, y desde lo social, resulta legítimo exigir consulta previa sobre las modificaciones de ingeniería que transforman el territorio.
De acuerdo con los registros del OEFA, desde el inicio de operaciones en 2013, la Unidad Minera Antapaccay ha presentado al menos 12 instrumentos de gestión ambiental, incluyendo modificatorias, Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) y planes de cierre, transformando ampliamente la operación minera en los últimos doce años.
Mientras la inversión millonaria es celebrada en el discurso económico, en el territorio persisten demandas por justicia ambiental, transparencia y participación efectiva. Espinar no necesita más espacios de diálogo que no deriven en acciones concretas. Se requiere una respuesta coherente del Estado y del sector privado, que no solo reconozca los impactos acumulados, sino que priorice la reparación, la consulta adecuada y el respeto por los territorios afectados. Solo así podrá hablarse de una convivencia real entre minería y comunidades.
[1] Comisión Multisectorial encargada de evaluar los posibles desafíos en el ámbito de las comunidades originarias de Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Nuance* Huancane Baja, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta Ccollana de la provincia de Espinar, departamento de Cusco, y el plan de reparaciones que corresponda de ser necesario.
