El 28 de julio del año pasado, el Congreso publicó la ley 32104, norma que obliga a todos los jueces cumplir con la Ley Soto (ley 31751). Sí, otra vez, las famosos leyes de interpretación auténtica al estilo de los noventa.
Pero, partamos por entender: ¿Qué es la Ley Soto? Sobre el particular debemos decir que el jueves 25 de mayo de 2023, el Congreso publicó la ley 31751 (Ley Soto). Esta norma legal modificó el artículo 84 del Código Penal y el artículo 339 del nuevo Código Procesal Penal para generar cambios respecto de la suspensión del plazo de prescripción. Esta modificación provoca que los plazos para que la Fiscalía investigue y el Poder Judicial emita una sentencia sean más cortos. Es decir, disminuye sustancialmente el tiempo en el que el Estado pueda perseguir el delito.
Imaginemos que el día de hoy 23/3/2025, una persona comete un delito de homicidio culposo (el caso de un conductor de una empresa de transportes que provoca la muerte de sus pasajeros sin intención), o de omisión de alimentos (el varón que no cumple con pagar la pensión alimenticia), o de negociación incompatible (un funcionario público que aprovechando su cargo indebidamente se interesa en un contrato que su entidad debe celebrar), o cohecho (la coima que recibe o pide un policía para evitar colocar una papeleta). Veamos cuánto tiempo tiene el Estado para sancionar estos delitos. Si se supera el lapso de tiempo, el delito no puede ser sancionado. A eso se le llama prescripción de la acción penal:
Como se puede observar en el cuadro, antes de la vigencia de la Ley Soto, si un servidor público cometía el delito de cohecho (coima o soborno), al ser sancionado dicha conducta con una pena máxima de 8 años, el Estado tenía tiempo para investigar el caso hasta el 2049; sin embargo, con la aplicación de la Ley Soto, el Estado solo podrá hacerlo hasta el año 2038, reduciéndose 11 años.
Ahora, piense usted que ese plazo que se reduce sea en casos como el arrebato con violencia de celulares, las extorsiones de los “gota a gota”, el asesinato como ajuste de cuentas y las violaciones sexuales a menores de edad. Acciones que generan afectación no solo a la seguridad de la población, sino que vulneran la tranquilidad y bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Ya en la vertiente de la punición estatal, deberíamos entender que el Estado dirige todas sus acciones -preventivas y coercitivas- justamente para lograr una acción desincentivadora en la conducta del delincuente.
Sin duda la Ley Soto reduce el plazo de suspensión, lo que genera un grave riesgo en el sistema de justicia, por la brevedad en el tiempo para que se lleven los actos de investigación. Como consecuencia, se abre un espacio de impunidad para los delitos en el Perú. Sobre todo, de aquellos casos que afectan directamente a la seguridad ciudadana y la administración pública.
La Ley Soto y la norma complementaria, que bajo la interpretación auténtica obliga en su aplicación, son normas que favorecen la impunidad. Son también normas de este Congreso que afectan los derechos de las víctimas y promueven el crimen.
