El Poder Judicial declaró en rebeldía al Gobierno Regional del Cusco por no responder dentro del plazo legal a una demanda presentada por los trabajadores del Hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu donde solicitan seguir trabajando hasta que se defina el destino del inmueble que alquila la gubernatura de Cusco a Perú Belmond Hotels S.A., empresa vinculada a Rafael López Aliaga.
Este hecho generó repercusiones y duras críticas sobre la defensa de los intereses regionales que debe liderar el gobernador de Cusco, Werner Salcedo. Días antes, la misma autoridad había señalado que conocía de la demanda y que esperaría que las instancias judiciales respondieran ante la solicitud de los trabajadores del mencionado hotel.
Gobierno Regional del Cusco y fallo judicial que beneficia la operación de Belmond en Machu Picchu
El Juzgado emitió la Resolución N°03, del expediente 00389-2025-0-1001-JR-CI-04, tras verificar que el Procurador del Gobierno Regional del Cusco no respondió en el tiempo estipulado. La notificación llegó el 26 de febrero de 2025, con una fecha límite del 12 de marzo para contestar. Sin embargo, la respuesta se presentó recién el 13 de marzo, fuera del plazo legal.
Debido a esta demora, el juzgado declaró improcedente la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado. Además, el Artículo 458 del Código Procesal Civil permitió declarar al Gobierno Regional del Cusco como omiso en la absolución de la demanda y, por lo tanto, en rebeldía.
El fallo ordenó que la notificación se realice en el domicilio legal del Gobierno Regional del Cusco, conforme al Artículo 459 del Código Procesal Civil. Este caso ha generado duras críticas ante la gestión de Werner Salcedo, especialmente cuando la defensa de los intereses regionales está en juego.
Belmond seguirá operando el hotel en Machu Picchu
Mientras tanto, el juez Eliot Zamalloa Cornejo dispuso que la empresa PERU BELMOND HOTELS S.A. continúe operando el Santuary Lodge, ubicado cerca del ingreso a la ciudadela inca de Machu Picchu.
El contrato de concesión del hotel se firmó en 1995 en condiciones desfavorables para el Gobierno Regional del Cusco. En 2013, el entonces gobernador Jorge Acurio, quien se encontraba inhabilitado por una sentencia condenatoria, firmó una adenda que extendió la concesión hasta 2025. Las actuales autoridades buscan recuperar la administración del establecimiento, argumentando la necesidad de mejorar la gestión de los recursos turísticos de la región.
La medida cautelar otorgada a Belmond se originó en una demanda presentada por los trabajadores del hotel, quienes solicitaron que la empresa mantenga su administración hasta que se convoque a una nueva licitación. El juez Zamalloa Cornejo falló a favor de los empleados el 27 de febrero de 2025, priorizando la estabilidad laboral de más de 300 personas.
El gobernador regional, Werner Salcedo, rechazó la resolución judicial. Expresó su intención de solicitar a la Procuraduría Pública Regional que interponga una acción legal para anular la medida cautelar. Además, llamó a las organizaciones sociales a pronunciarse sobre la decisión del magistrado.
Mientras se resuelve el futuro del hotel, Belmond continuará operando el Santuary Lodge. Este caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en los procesos de concesión y la necesidad de priorizar los intereses regionales en la administración de recursos turísticos.
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