Las principales organizaciones indígenas nacionales del Perú se pronunciaron enérgicamente contra la modificación de la ley 27692 que impulsa el Congreso. En conferencia de prensa, las agrupaciones denunciaron esta semana que las modificaciones amenazan gravemente los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas, restringiendo su acceso a la justicia. Según alertan, esta nueva norma busca socavar su capacidad para la defensa frente a crímenes cometidos contra dirigentes indígenas y en casos como la defensa de pueblos en aislamiento o el derecho de consulta previa.
Las organizaciones también han calificado esta nueva norma como una “Ley Mordaza“, ya que, según alertan, las nuevas restricciones buscan silenciar a las comunidades indígenas y criminalizar sus esfuerzos en defensa de los derechos humanos. En particular, temen que esta ley afecte la posibilidad de que los pueblos indígenas y sus representativas organizaciones puedan acceder a la cooperación internacional, una fuente clave para defender sus derechos ante la falta de apoyo estatal, especialmente en un contexto en el que se avanza hacia un escenario autoritario.
Pueblos indígenas debilitados
Una de las principales preocupaciones radica en que el Congreso ha prohibido que los fondos de la cooperación internacional sean utilizados para interponer acciones legales contra el Estado peruano. Si se aprueba esta ley, precisaron, se paralizarían más de 30 procesos judiciales de relevancia, en particular aquellos que impulsa la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), en defensa de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). También se vería afectada la posibilidad de buscar justicia para los líderes indígenas asesinados, quienes han sido víctimas de la violencia en defensa de sus territorios.
El apu Jorge Pérez, presidente de AIDESEP, expresó que esta nueva norma que impulsa el Congreso y que ya fue aprobado y exonerado de segunda votación no solo limita el acceso a la cooperación internacional, sino que debilita a las organizaciones indígenas al permitir que las grandes empresas exploten los recursos naturales de los pueblos originarios sin ningún control. Pérez también destacó que la ley busca limitar las protestas y la crítica al Estado, impidiendo que los pueblos indígenas puedan denunciar las violaciones a sus derechos y facilitando la impunidad ante crímenes perpetrados en su contra.
Represalia contra las organizaciones sociales
Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) también advirtieron que esta modificación afectaría gravemente la capacidad de las mujeres indígenas para exigir consultas previas sobre proyectos que afecten sus territorios. La modificación impediría que estas organizaciones puedan cuestionar leyes en discusión en el Congreso, lo que bloquearía importantes procesos judiciales que hoy se encuentran en marcha para la defensa de sus derechos territoriales.
El rechazo a esta ley no solo proviene de las organizaciones indígenas, sino también de gremios campesinos como la Confederación Nacional Agraria (CNA), que considera esta modificación como parte de una estrategia de represalia contra los pueblos indígenas, quienes en el pasado han logrado anular leyes inconstitucionales a través de litigios. La CNA denunció que la norma busca desaparecer las organizaciones indígenas, acusándolas de delitos que no existen.
Por su parte, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) criticó el desempeño del Estado que promueve leyes que atentan contra los pueblos indígenas y no sanciona los crímenes ambientales que destruyen sus territorios. Lourdes Huanca, presidenta de FENMUCARINAP, subrayó que la ley podría facilitar la invasión de tierras sin su consentimiento, exacerbando la destrucción de los recursos naturales.
Finalmente, las organizaciones han señalado que la modificación de la Ley 27692 fue aprobada sin respetar el proceso de consulta previa, lo que consideran una violación a la Constitución. Desde la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), han alertado sobre la peligrosidad de la ley, pues podría ser un paso hacia un régimen autoritario que refuerza la impunidad estatal. En este contexto, las organizaciones indígenas han exigido al Ejecutivo que observe la ley y, en caso contrario, anunciaron desde ya que acudirán a instancias supranacionales para defender sus derechos.
Votación en el Congreso
La modificación de la Ley 27692 para restringir la labor de las ONG y limitar el acceso a fondos de la cooperación internacional ya fue aprobado en el Pleno del Congreso con 71 votos de las bancadas Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Perú Libre, Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, el Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia.
El texto también fue exonerado de segunda votación. Ahora el Congreso debe enviar la autógrafa a Palacio de Gobierno y la pelota estará en la cancha de Dina Boluarte para la promulgación y una eventual observación; aunque esto último se muestra más distante, dado el desempeño del Ejecutivo en alianza tácita con las fuerzas políticas del Parlamento.
